Indonesia prohibió redes sociales para menores de 16 años y ya comenzó la desactivación de cuentas - TN24
El gobierno de Indonesia puso en marcha una estricta normativa que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años en plataformas consideradas de alto riesgo. La medida comenzó a aplicarse este sábado y afecta a unos 70 millones de niños y ad
El gobierno de Indonesia puso en marcha una estricta normativa que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años en plataformas consideradas de alto riesgo. La medida comenzó a aplicarse este sábado y afecta a unos 70 millones de niños y adolescentes.
La disposición obliga a las empresas tecnológicas a restringir el acceso a menores, bajo amenaza de multas millonarias e incluso la suspensión de sus servicios en el país.
Qué plataformas abarca
La normativa incluye aplicaciones y servicios de alto tráfico como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el videojuego Roblox, entre otros.
También alcanza a otras redes como Threads, X (antes Twitter) y Bigo Live, lo que impacta en una de las mayores poblaciones de usuarios digitales del mundo.
Los argumentos del gobierno
Desde la administración de Yakarta señalaron que la medida busca proteger la salud mental de los menores frente al uso excesivo de pantallas y la exposición a contenidos potencialmente dañinos.
Además, remarcaron que no habrá prórrogas ni excepciones en la aplicación de la ley, y que la responsabilidad de implementar los controles recae directamente sobre las plataformas.
Cómo se aplicará la restricción
Aunque no se detalló inicialmente el mecanismo técnico para verificar la edad de los usuarios, el gobierno inició el proceso de desactivación de cuentas de menores.
La decisión se enmarca en una tendencia global: otros países ya avanzaron con regulaciones similares ante la preocupación por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.
Debate y desafíos
La implementación generó debate sobre la capacidad real de las empresas para filtrar usuarios sin afectar la privacidad de los adultos.
A pesar de las críticas, el gobierno sostuvo que la medida es necesaria y marca un precedente en la región, al convertir el control del entorno digital de los menores en una obligación legal.
