La Justicia federal avanzó en una causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia federal avanzó en una causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión se produjo tras el impulso del fiscal Gerardo Pollicita, que dio inicio formal a la investigación
La Justicia federal avanzó en una causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión se produjo tras el impulso del fiscal Gerardo Pollicita, que dio inicio formal a la investigación para analizar la evolución patrimonial del funcionario.
Según fuentes judiciales, la imputación habilita una serie de medidas de prueba destinadas a reconstruir el estado de sus bienes y movimientos económicos. Entre ellas, se incluyen pedidos de informes a organismos públicos y registros de propiedad, con el objetivo de determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados.
El eje de la investigación se centra en posibles inconsistencias entre la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y otros bienes que habrían sido detectados. En ese sentido, el fiscal busca establecer si hubo omisiones o discrepancias en la información oficial, lo que podría configurar el delito en análisis.
Entre los puntos bajo estudio figura una propiedad ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires, así como otros activos que estarían registrados a nombre del funcionario o de su entorno familiar. La Justicia también solicitó detalles sobre titularidad, fechas de adquisición y condiciones legales de estos bienes, en el marco de una pesquisa que se encuentra en etapa preliminar.
Por el momento, el proceso recién comienza y no implica una condena, sino la apertura de una investigación formal. En este contexto, se espera que en las próximas semanas se profundicen las medidas probatorias para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar en la causa o descartar las sospechas sobre el patrimonio del funcionario.
