Discapacidad: alertan por cierres de instituciones y piden informes al Ejecutivo
Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informe a través del que se le solicita al Gobierno que brinde precisiones
Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informe a través del que se le solicita al Gobierno que brinde precisiones sobre el impacto de la crisis en el sistema de prestaciones, las medidas adoptadas y la capacidad estatal para garantizar la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad.
En la iniciativa, impulsada por la diputada Mariel Ávila (PJ) junto a otros legisladores, se solicita saber si el Gobierno realizó un relevamiento o diagnóstico específico sobre la situación de instituciones afectadas, incluyendo la cantidad de servicios comprometidos, su distribución territorial y la población potencialmente perjudicada.
Asimismo, los legisladores piden conocer qué medidas concretas se han adoptado o se prevé implementar para evitar cierres y garantizar la continuidad de prestaciones esenciales como atención en salud, rehabilitación, centros de día, apoyos terapéuticos, educativos, transporte y acompañamiento.
El pedido también indaga sobre la existencia de protocolos de actuación ante la interrupción de servicios, los mecanismos de contingencia disponibles y la capacidad del sistema público provincial para absorber la demanda en caso de que continúen los cierres o reducciones.
En esa línea, se requiere información sobre la articulación entre organismos provinciales, municipios y otras instituciones, así como detalles sobre recursos humanos, cupos disponibles, cobertura territorial y criterios de priorización.
Además, se consulta por las previsiones presupuestarias y eventuales medidas de asistencia financiera destinadas a sostener la red de servicios, y por las gestiones realizadas ante organismos nacionales para resguardar las prestaciones.
En los fundamentos, los autores advierten sobre una crisis prestacional profunda en el sistema, vinculada a la insuficiencia de recursos, la desactualización de valores frente al aumento de costos y demoras en los pagos, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
También señalan que la problemática impacta directamente en las personas con discapacidad y sus familias, ya que la interrupción de tratamientos o apoyos puede afectar su salud, educación, autonomía e inclusión social.
Finalmente, remarcan que el Estado provincial tiene la obligación de garantizar estos derechos y de asegurar una red de servicios adecuada, por lo que consideran necesario contar con información precisa sobre las acciones en marcha y las estrategias previstas para afrontar la situación. (APFDigital)
