Abogados ambientalistas denunciaron penalmente a una senadora por presunto conflicto de intereses | Análisis
Abogados ambientalistas consideraron que los funcionarios públicos como los senadores deben representar al pueblo, no a corporaciones mineras.
Abogados ambientalistas denunciaron penalmente a la senadora nacional Flavia Royón, en el marco de las audiencias públicas que se desarrollaron por la reforma de la Ley de Glaciares. No se puede legislar con un pie en el Senado y otro en el directorio de empresas proveedoras mineras, señalaron.
Los abogados hicieron la presentación ante la Justicia Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py), para que se investiguen Delitos contra la Administración Pública tales como negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho, previstos en los arts. 256, 256 bis y 265 del Código Penal.
Consideraron que los funcionarios públicos como los senadores deben representar al pueblo, no a corporaciones mineras. La acusación no apunta a sus opiniones: apunta a un presunto entramado de conflictos de intereses entre función pública y negocios privados del sector minero. Royón ocupó altos cargos públicos nacionales en energía y minería y, a la vez o sin respetar períodos de carencia, formó parte del Directorio de empresas proveedoras mineras como Minenco SAS y Zelandez. Desde ese doble rol impulsa el vaciamiento de hecho de la Ley de Glaciares que beneficia a los actores del sector en el que ella está vinculada, expusieron.
Plantearon que no se puede debilitar una ley que protege glaciares y ambiente periglacial mientras se mantienen lazos con empresas y proyectos que ganarían millones si esa protección se cae.
Manifestaron que en la fundada y extensa denuncia pidieron investigar sus declaraciones juradas patrimoniales, sus vínculos societarios, movimientos y documentación de las empresas involucradas. La causa penal tiene que esclarecer si hay uso del cargo para favorecer intereses privados.
