La Corte Suprema dictó 1.907 fallos por delitos de lesa humanidad desde 2004
La Corte Suprema de Justicia dictó, entre 2004 y el 17 de marzo de 2026, un total de 1.907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El máximo tribunal desempeñó un papel decisivo en la recuperación de la memoria y en la búsqueda de justicia por los delitos cometidos entre 1976 y 1983. Entre sus fallos más relevantes figura el caso Simón, del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que permitió reanudar los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976, del que el próximo martes se cumplirán 50 años.
Antes de ese fallo, en 2004 la Corte había dictado el caso Arancibia Clavel, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa Mazzeo, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.
Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial y consignado por la Agencia Noticias Argentinas, el total de 1.907 fallos corresponde al período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.
Por su parte, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa que desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.
El año pasado la Corte Suprema rindió homenaje a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985 en la llamada Causa 13 condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esa oportunidad el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un auténtico juicio justo en un contexto complejo; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.
