La Justicia acumula fallos contra la reforma laboral
A pocas semanas de su entrada en vigencia, la Ley de Modernización Laboral enfrenta una creciente ola de cuestionamientos judiciales. Ya son cinco los fallos que declararon inconstitucional el artículo 55, que modifica el cálculo de intereses en indemnizaciones por despido.
El último pronunciamiento fue emitido por el Tribunal del Trabajo de La Plata, que se sumó a decisiones previas de tribunales de Córdoba, La Plata, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y un juzgado laboral de Concordia. En todos los casos, los magistrados coincidieron en rechazar la aplicación del nuevo esquema sobre causas en trámite.
El punto central de conflicto es la aplicación retroactiva del artículo 55 a juicios laborales aún no resueltos. La norma establece una nueva fórmula de actualización de intereses que, según los jueces, resulta inferior a la utilizada históricamente, lo que impacta directamente en el monto final de las indemnizaciones.
En las distintas sentencias se cuestiona que el nuevo cálculo implica una reducción significativa de los intereses, en algunos casos estimada en torno al 50 por ciento respecto de los parámetros fijados por la Corte Suprema en las últimas décadas. Esta situación, según los fallos, afecta el carácter alimentario de los créditos laborales.
Los tribunales también señalaron que la aplicación de tasas más bajas vulnera principios constitucionales, como el derecho de propiedad y el principio de igualdad, al generar una desventaja para los trabajadores frente al contexto inflacionario.
En este escenario, las resoluciones judiciales optaron por mantener el régimen anterior para el cálculo de intereses, al considerar que la nueva normativa resulta regresiva en términos de derechos laborales.
La reiteración de fallos en el mismo sentido abre un escenario de creciente conflictividad judicial en torno a la reforma laboral. Mientras tanto, no se descarta que nuevos pronunciamientos continúen cuestionando la validez del artículo 55, en un contexto donde la aplicación de la ley ya enfrenta resistencia en distintos tribunales del país.
