El Gobierno oficializó el llamado a licitación pública para privatizar la obra social de las fuerzas de seguridad
Nacionales | El Gobierno dio el primer paso para privatizar la obra social de las fuerzas de seguridad. A través de una resolución publicada
El Gobierno dio el primer paso para privatizar la obra social de las fuerzas de seguridad. A través de una resolución publicada en el Boletín oficial autorizó a que un prestador integral de cobertura médico asistencia les brinde el servicio de asistencia médica. En los hechos, es el paso para que una prepaga se haga cargo de la atención de los miembros de la Gendarmería y Prefectura Naval. En la resolución se excluye a la Policía Federal que tiene su propio sistema de salud.
Autorizase la Convocatoria Pública N° 347-1001-LPU26 que tiene por objeto la contratación de un prestador integral de cobertura médico-asistencial para la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dice la resolución 1/2026 publicada este viernes y que busca torcer la grave situación que enfrentan casi 600.000 afiliados de lo que fue el ahora desaparecido Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La resolución estuvo a cargo del nuevo presidente del directorio de OSFFESEG, Pablo Martin Costa, encargado ahora de resolver esta crisis en espiral.
A principios de febrero, y ya con el teniente general de Ejército Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, el Gobierno disolvió por decreto el IOSFA y lo dividió en dos obras sociales separadas: una para los militares y otra para las fuerzas de seguridad.
Pero no pudieron revertir una deuda estimada en casi $ 300.000 millones (con un déficit mensual de más de $ 15.000 millones); servicios críticos interrumpidos (oncología, diabetes, geriatría, reintegros); farmacias asociadas desabastecidas y cobertura médica cortada en gran parte del país.
Tampoco pudieron mejorar el grave déficit de atención cuando las dos fuerzas estaban bajo la órbita del IOSFA.
La situación para las Fuerzas Armadas es compleja. Por un lado, se quedaron sin atención y por el otro sin provisión de medicamentos esenciales para enfermedades críticas en algunas zonas del interior, lo que ya generó la primera denuncia penal contra el ahora ex ministro de Defensa, Luis Petri, a quien la diputada mendocina Lourdes Arrieta, acusó ante la Justicia de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y, eventualmente, abandono de persona.
