Cresto pidió informes por el sistema penal juvenil en Entre Ríos - Informe Digital
Apunta a cárceles y centros juveniles. Pide datos de plazas, ocupación y planes de ampliación ante una baja de imputabilidad.
De la redacción de INFORME DIGITAL
El diputado provincial Enrique Tomás Cresto, acompañado por las diputadas provinciales Silvina Deccó y Silvia Moreno, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para conocer la situación actual del sistema penitenciario y de los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa apunta a obtener información detallada sobre la infraestructura carcelaria provincial, los centros de guarda, detención y tratamiento para adolescentes mayores de 14 años, y la disponibilidad de equipos técnicos interdisciplinarios. También solicita precisiones sobre la ubicación, capacidad de alojamiento y nivel de ocupación de los establecimientos existentes.
Cárceles y centros juveniles
Entre los puntos centrales, el proyecto consulta si existen establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. Además, pide conocer cuántos adolescentes privados de libertad hay actualmente en la provincia, cuál es su edad, su situación procesal y en qué lugares se encuentran alojados.
El planteo se inscribe en el debate nacional sobre una eventual modificación del régimen penal juvenil y una posible reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, escenario que implicaría nuevas exigencias para las provincias en materia de alojamiento, atención especializada y programas de reinserción social.
Datos de plazas y ocupación
El pedido de informes también busca conocer la capacidad total del sistema penitenciario entrerriano, la cantidad de plazas disponibles y el número actual de personas privadas de libertad.
En los fundamentos del proyecto se advierte que el sistema penitenciario provincial mostró un crecimiento sostenido en las últimas décadas. Según se consignó, hacia el año 2000 la población carcelaria rondaba las 700 personas privadas de libertad, mientras que en la actualidad se ubicaría cerca de las 2.800 o 2.900. Bajo esa comparación, en unos veinticinco años la cantidad de personas alojadas prácticamente se triplicó.
Planes de ampliación y debate político
Otro de los ejes del planteo apunta a conocer si el gobierno provincial cuenta con planes de ampliación de infraestructura o construcción de nuevos establecimientos frente a una eventual reforma del régimen penal juvenil a nivel nacional.
En ese marco, los autores del proyecto remarcaron que las últimas inversiones relevantes en ampliación de infraestructura penitenciaria se realizaron durante gestiones provinciales peronistas, con obras ejecutadas en distintas unidades penales. A la vez, señalaron que no se conocen proyectos finalizados de ampliación de la capacidad carcelaria en la actualidad.
Según se sostuvo en los fundamentos, desde la asunción del gobernador Rogelio Frigerio, en diciembre de 2023, no se inauguró ni finalizó ninguna nueva unidad penal ni pabellones de gran escala, en un contexto en el que distintas unidades penitenciarias presentan altos niveles de ocupación.
Información para una discusión sensible
Los legisladores señalaron finalmente que contar con información clara y actualizada resulta clave para dar un debate serio y responsable sobre una problemática que involucra tanto a la seguridad pública como a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa busca, en ese sentido, poner sobre la mesa datos concretos antes de que una eventual reforma nacional obligue a la provincia a responder con más plazas, más equipos especializados y nuevos dispositivos de alojamiento y tratamiento.
