El Gobierno oficializó a Alejandro Ramírez al frente de la IGJ tras la renuncia de Daniel Vítolo
Lo hizo con la publicación del Decreto 144/2026 en el Boletín Oficial. Su nombramiento había sido anticipado hace poco menos de una semana por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno formalizó este jueves la designación de Alejandro Horacio Ramírez al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo.
Según el Decreto 144/2026 publicado en el Boletín Oficial, ambas medidas rigen desde el 6 de marzo pasado, cuando Vítolo presentó su dimisión al cargo mediante una carta dirigida a Javier Milei, en la que reveló que su decisión respondió a una solicitud para que se apartara de las funciones que venía ejerciendo.
"Acepto dicha determinación con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber", destacó.
Su renuncia, en concreto, se conoció horas después de que Juan Bautista Mahiques asegurara que le había pedido la renuncia "a todos los funcionarios políticos" incluido el titular de la IGJ, quien venía investigando a la AFA.
La designación de Ramírez, de hecho, había sido adelantada hace unos días por el flamante ministro de Justicia Mahiques, como parte de la reorganización iniciada tras su llegada a ese organismo.
Alejandro Ramírez es un abogado que en el pasado litigó contra la AFA en un caso por la venta de relojes de lujo sobre la Selección campeona del mundo. Ese dato no es menor, ya que Vítolo venía investigando a la entidad madre del fútbol argentino por presunta corrupción y hasta había solicitado el nombramiento de veedores "debido a la gravedad de las irregularidades detectadas".
"Es verdad que denunció a la AFA, pero es un hombre del fútbol también", alertó un dirigente que supo trabajar con los hermanos Milei en sus primeros años en la incursión en la política activa.
Descripto por Mahiques como una persona "preparada, idónea y de su confianza", Ramírez también presentó un amparo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) cuando el Gobierno de Milei implementó cambios en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La IGJ depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia y tiene entre sus funciones la fiscalización de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, además de intervenir en temas de registración societaria. En este decreto no se incluyen modificaciones sobre competencias ni estructura, limitándose exclusivamente a cambios de autoridades.
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