Indagatorias para exfuncionarios del gobierno de Entre Ríos por el conflicto de las areneras en Ibicuy - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
En un avance significativo para una de las causas ambientales más complejas de la provincia, la Justicia Federal de Gualeguaychú ha citado a declaración indagatoria a tres exfuncionarios de la gestión provincial anterior, según la Redacción de Anális
En un avance significativo para una de las causas ambientales más complejas de la provincia, la Justicia Federal de Gualeguaychú ha citado a declaración indagatoria a tres exfuncionarios de la gestión provincial anterior, según la Redacción de Análisis Digital El juez Hernán Viri consideró acreditado el «estado de sospecha» respecto a su responsabilidad en el presunto incumplimiento de sentencias judiciales y falta de control sobre la extracción de arena de sílice en el sur entrerriano.
Los citados deberán presentarse en las siguientes fechas de este 2026:
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Juan José Bahillo (exministro de Producción): 20 de marzo.
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Hugo Alberto Ballay (exministro de Economía): 10 de abril.
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María Daniela García (exsecretaria de Ambiente): 17 de abril.
El eje del conflicto: Sentencias ignoradas
La investigación, impulsada por la denuncia de Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, se centra en el presunto desacato de dos fallos firmes de 2022. Dichas sentencias ordenaban la clausura inmediata de todas las plantas de extracción y lavado de arena que no contaran con sus estudios de impacto ambiental y certificados de aptitud en regla.
De acuerdo con el informe de Análisis Digital, la justicia sospecha que tanto los exfuncionarios como los actuales entre ellos el ministro Guillermo Bernaudo y la secretaria Rosa Hojman, quienes ya prestaron indagatoria habrían permitido que las empresas continuaran operando sin cumplir con requisitos críticos, como la audiencia pública obligatoria.
Irregularidades administrativas y el factor «Cristamine SA»
Un punto clave del expediente es el Decreto 278/2022, emitido por el exintendente de Ibicuy, Gustavo Roldán. Mediante este documento, se otorgó un certificado de aptitud a la planta «La República» (de la firma Cristamine SA) apenas días después del fallo judicial, invirtiendo según la querella el orden legal de evaluación ambiental.
Impacto ambiental y recursos hídricos
Más allá de los nombres propios, el informe pone de relieve un desastre ecológico potencial:
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Extracción masiva: Se estima el retiro de 4 millones de toneladas de arena anuales, afectando sedimentos formados durante 4.500 años en los humedales del Paraná y Uruguay.
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Uso del agua: Las plantas consumirían entre 12 y 15 millones de litros diarios de agua dulce subterránea, en una zona donde el recurso es escaso y la calidad del agua de red ha comenzado a mostrar niveles preocupantes de hierro y manganeso.
Lo que está en juego
Este caso se perfila como un «caso testigo» para la gobernanza ambiental en Entre Ríos. No solo se dirime la responsabilidad penal de los funcionarios por el incumplimiento de sus deberes, sino que también se pone a prueba la autoridad del Poder Judicial frente a las decisiones políticas y los intereses económicos de la industria del fracking.
Las próximas indagatorias serán cruciales para determinar si el proceso avanza hacia el procesamiento de los involucrados o si se dicta la falta de mérito.
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