El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad baja a 14 años
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. En una sesión cargada de tensión, fuertes cruces dialécticos y un simbolismo político que remarcó la división de agu
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. En una sesión cargada de tensión, fuertes cruces dialécticos y un simbolismo político que remarcó la división de aguas en el recinto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar una mayoría de 44 votos positivos frente a 27 negativos.
Este resultado representa un nuevo triunfo legislativo para el Poder Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa, que tuvo su origen en el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich quien hoy lidera el bloque de senadores oficialistas, fue celebrada por sus impulsores como un cambio de paradigma necesario para combatir la inseguridad.
La jornada no estuvo exenta de momentos de alta emotividad, incluyendo un minuto de silencio por las víctimas de delitos que puso a prueba el protocolo de la Cámara Alta.
La reforma no solo modifica el límite de edad para que un adolescente sea sometido a un proceso penal, sino que reestructura integralmente el Régimen Penal Juvenil.
Para el oficialismo, se trata de una respuesta directa al reclamo social de justicia; para la oposición, mayoritariamente aglutinada en el peronismo, es una medida punitivista que carece de sustento presupuestario y que vulnera tratados internacionales de derechos humanos.
Los detalles del nuevo Sistema Penal Juvenil
Más allá de la batalla política, el proyecto convertido en ley propone la creación de un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años. El objetivo central es garantizar procesos judiciales que, aunque punitivos, se adecúen a la edad de los imputados.
Entre los puntos destacados, se establece la presunción favorable a la minoría de edad y la prohibición estricta de que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.
El nuevo régimen introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando teóricamente la resocialización.
El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos especializados. Además, se reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que sus familias participen activamente en el proceso, buscando un equilibrio entre la sanción y la contención.
Un aspecto novedoso de la norma es el capítulo dedicado a las víctimas. Se les otorga un rol central, garantizándoles asistencia jurídica y psicológica inmediata. Las víctimas podrán intervenir en las audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, además de participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
