Fiorella Damiani enfrenta juicio por presunta denuncia falsa: el foco está en las consecuencias penales y personales - Confirmado
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca comenzó a juzgar a la consejera escolar acusada de haber mentido en una causa por abuso sexual en 2017. El caso reabre el debate sobre el daño que generan las denuncias falsas y el alcance del delit
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca comenzó a juzgar a la consejera escolar acusada de haber mentido en una causa por abuso sexual en 2017. El caso reabre el debate sobre el daño que generan las denuncias falsas y el alcance del delito de falso testimonio.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca dio inicio al juicio oral y público contra Fiorella Damiani, consejera escolar vinculada al espacio libertario, imputada por haber realizado una denuncia falsa de abuso sexual que derivó en la detención de dos hombres. El proceso se desarrollará en tres audiencias y se prevé que concluya el 26 de febrero.
La acusación se encuadra en el delito de falso testimonio agravado, contemplado en el artículo 275 del Código Penal, que prevé penas de uno a diez años de prisión cuando la declaración falsa se produce en una causa criminal y perjudica al imputado. En este caso, los jueces deberán determinar si la denuncia presentada en 2017 fue deliberadamente falsa y si existió intención de provocar un daño judicial concreto.
De la acusación por abuso a la absolución
La causa original se inició cuando Damiani denunció a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por un presunto abuso sexual con acceso carnal y agravado por la participación de dos personas. A partir de esa presentación, ambos fueron detenidos y enfrentaron una imputación de extrema gravedad, con fuerte repercusión en sus entornos personales, laborales y sociales.
Sin embargo, durante la investigación surgieron registros audiovisuales incorporados al expediente que cambiaron el curso del proceso. Según la valoración judicial posterior, ese material mostró que el encuentro había sido consentido y que no existían elementos compatibles con una agresión sexual. Esa evidencia resultó determinante para ordenar la liberación de los acusados y avanzar hacia su desvinculación definitiva del caso.
La absolución no borró las consecuencias. Los dos hombres iniciaron acciones judiciales para reclamar por los daños sufridos durante el tiempo en que estuvieron privados de su libertad y bajo sospecha pública.
Las consecuencias de una denuncia falsa
El eje del juicio actual no gira sobre el hecho denunciado en 2017, sino sobre la veracidad de aquella acusación y el impacto que tuvo. Si el tribunal considera probado que existió una declaración falsa bajo juramento, Damiani podría enfrentar una pena de prisión efectiva.
El proceso también pone en discusión el alcance del daño provocado por denuncias infundadas en causas de abuso sexual, donde la sola imputación suele generar un fuerte estigma social. En este caso, la detención, la exposición pública y la afectación reputacional forman parte de los perjuicios que serán evaluados en el marco judicial.
El 10 de abril de 2025, Damiani fue detenida en Bahía Blanca por orden judicial, luego de que avanzara la investigación en su contra. Desde entonces, su situación procesal quedó formalmente comprometida.
Qué analizará el tribunal
Durante las audiencias, el tribunal escuchará testimonios, revisará nuevamente el material audiovisual incorporado a la causa original y evaluará peritajes y pruebas documentales. La fiscalía buscará acreditar que la denuncia no respondió a una confusión o interpretación errónea de los hechos, sino a una acción consciente destinada a perjudicar a los acusados.
La defensa, en tanto, intentará cuestionar esa hipótesis y relativizar el alcance de las declaraciones efectuadas en 2017.
El fallo que dicte el Tribunal Oral N°1 será observado con atención por distintos sectores: por un lado, organizaciones que advierten sobre el daño que generan las acusaciones falsas; por otro, espacios que trabajan en la protección de víctimas reales de violencia sexual, que sostienen la importancia de no desalentar las denuncias legítimas.
Más allá de la sentencia, el caso vuelve a instalar una discusión sensible: cómo equilibrar la protección de quienes denuncian delitos graves con la garantía de que el sistema penal no sea utilizado de manera indebida, y qué consecuencias debe afrontar quien, eventualmente, incurre en una acusación falsa que altera la vida de terceros.
