Advierten sobre un proceso de desmantelamiento del Hogar de Protección Integral Inés Londra
Organizaciones de mujeres alertaron a AIM sobre un presunto vaciamiento del Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia de género Inés Londra, y señalaron que la institución atraviesa un proceso de deterioro marcado por recortes presupuestarios, precarización laboral y restricciones en el acceso a las internaciones.
El hogar inaugurado en 2015 forma parte de los 25 espacios de resguardo construidos en el país entre 2007 y 2015 para garantizar protección y acompañamiento integral a mujeres en situación de violencia. Sin embargo, desde la actual gestión provincial se registra un proceso de desmantelamiento sistemático, denunciaron a esta Agencia.
En ese marco, señalaron que la directora del establecimiento, Desirée Bauza, endureció los requisitos de ingreso, reduciendo la atención y contención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Asimismo, remarcaron que durante esta gestión se desarticuló el equipo de Salud Mental, que estaba conformado por profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social.
Las organizaciones también cuestionaron que la conducción del hogar prioriza el control interno por sobre el acompañamiento, al afirmar que se utilizan las cámaras de seguridad para supervisar al personal en lugar de fortalecer el cuidado de las mujeres alojadas.
Finalmente, dijeron que la funcionaria amenaza a trabajadores con sumarios administrativos y sostiene esquemas de contratación precaria con contratos inestables, situación que impacta directamente en la calidad del servicio y en la capacidad de respuesta del hogar.
Las organizaciones advirtieron además que esta situación impacta de manera directa en la política pública de cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de sus hijos e hijas, ya que el debilitamiento del hogar reduce las posibilidades de brindar resguardo inmediato, contención profesional y acompañamiento sostenido en los procesos de salida de la violencia. En ese sentido, señalaron que la falta de recursos humanos y presupuestarios no solo limita la capacidad de alojamiento, sino que también deteriora el abordaje integral necesario para garantizar seguridad, autonomía y restitución de derechos.
