Domingo Rossi realizó presentaciones ante la Justicia Federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Hemos presentado una denuncia penal en el fuero federal solicitando que se investigue la existencia de una posible estructura de persecución político-judicial vinculada a la judicialización del proyecto del Parque Industrial de Santa Elena, obra financiada con fondos nacionales y ejecutada conforme lineamientos técnicos aprobados por organismos federales.
Sostenemos que la activación de actuaciones administrativas y penales en la jurisdicción provincial, bajo modalidad de actuaciones de oficio, con cambios de denunciantes, reasignaciones internas de fiscales y decisiones adoptadas en un contexto preelectoral, compromete garantías constitucionales básicas como el debido proceso, el derecho al juez imparcial, el principio de legalidad, la autonomía municipal y los derechos políticos.
Hemos planteado formalmente la incompetencia de la justicia provincial, por tratarse de una obra con financiamiento nacional, con reperfilamiento técnico aprobado por autoridad federal y con auditoría vigente. La eventual afectación de recursos y decisiones federales exige intervención del fuero federal conforme el artículo 116 de la Constitución Nacional.
Asimismo, hemos formulado reserva del caso federal y promovido una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares, ante la reiteración de intervenciones que consideramos lesivas de las garantías judiciales y de los derechos políticos protegidos por la Convención Americana.
La denuncia federal solicita la producción de prueba y el libramiento de oficios al Ministerio Público Fiscal provincial, al Tribunal de Cuentas, al Senado de la Provincia, al Jurado de Enjuiciamiento y a los organismos nacionales intervinientes en la financiación y control del Parque Industrial, a fin de reconstruir integralmente la secuencia institucional denunciada.
Acompañamos copia de la denuncia penal federal y su ampliación, de los planteos formulados en sede provincial incluyendo nulidades, recusaciones e incompetencia, de presentaciones ante órganos institucionales y de la documentación relativa a la intervención nacional en la obra, además de elementos digitales que serán ampliados al momento de la ratificación.
El Parque Industrial se encuentra sustancialmente finalizado, pendiente únicamente de aspectos técnicos menores, y constituye una herramienta estratégica para el desarrollo y la generación de empleo. Entendemos que su judicialización en este contexto no sólo nos afecta institucionalmente, sino que impacta directamente en la comunidad y en la radicación de inversiones.
Nuestra presentación tiene como único objetivo que los hechos sean investigados con imparcialidad, competencia adecuada y pleno respeto al orden constitucional y convencional vigente.
