Escándalo en Curuzú Cuatiá: investigan presunta connivencia estatal en red de vehículos robados - VDRnet
La causa que investiga la venta de motos y autos robados en la provincia de Buenos Aires y comercializados en el sur de Corrientes sumó en las últimas horas un dato que agrava el cuadro: una empleada del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (R
La causa que investiga la venta de motos y autos robados en la provincia de Buenos Aires y comercializados en el sur de Corrientes sumó en las últimas horas un dato que agrava el cuadro: una empleada del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) figura entre las personas detenidas.
La investigación, que tiene su epicentro en Curuzú Cuatiá, dejó hasta el momento tres detenidos dos hombres y una mujer tras allanamientos realizados en los barrios Sarmiento y Villa del Parque por la División de Investigación Criminal de la Policía provincial, a pedido de la Fiscalía en turno.
Entre los arrestados se encuentra un joven de 22 años señalado como presunto cabecilla de la banda, acusado de preparar documentación apócrifa para blanquear los vehículos sustraídos en Buenos Aires antes de su reventa en territorio correntino.
Sin embargo, el foco ahora también se posa sobre el posible rol de funcionarios o empleados públicos. La detención de una trabajadora del RNPA y el allanamiento del domicilio de otra funcionaria de la misma delegación abren interrogantes sobre cómo se validaban los trámites y qué controles fallaron o si existió directamente una connivencia interna para permitir que rodados robados ingresaran al circuito formal.
Durante los procedimientos se secuestraron un automóvil, motopartes, celulares y documentación que quedó a disposición de la Justicia provincial. No se descarta que el análisis de esos elementos derive en nuevas imputaciones.
El caso expone, además del accionar delictivo de la banda, una posible vulnerabilidad o complicidad en un organismo clave para la registración de vehículos. Mientras avanza la causa, crece la expectativa por las próximas medidas judiciales y por eventuales responsabilidades administrativas o penales dentro del sistema registral.
