La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte
La central obrera confirmó una huelga nacional sin movilización cuando la Cámara baja trate el proyecto impulsado por el Gobierno. No habría colectivos, trenes ni vuelos
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La central obrera confirmó una huelga nacional sin movilización cuando la Cámara baja trate el proyecto impulsado por el Gobierno. No habría colectivos, trenes ni vuelos
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general nacional para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida será sin movilización y su fecha quedará automáticamente definida cuando se confirme la sesión legislativa.
La resolución se adoptó tras una reunión virtual de la conducción sindical que se adelantó por el feriado de Carnaval y se extendió durante más de una hora. Desde la central obrera remarcaron que la huelga será una señal política directa contra el proyecto oficial y que cada sindicato tendrá libertad de acción respecto de eventuales movilizaciones.
El oficialismo intenta acelerar el tratamiento del dictamen en Diputados, pero las diferencias con bloques aliados sobre todo en torno al régimen de licencias por enfermedad podrían postergar la sesión. En el sindicalismo siguen de cerca esa negociación, ya que el paro quedará atado a ese cronograma.
La clave del impacto del paro estará en el transporte. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que acatará plenamente la medida y garantizó la paralización de los servicios de pasajeros.
Dentro de ese frente se encuentran la UTA (colectivos), La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) y el sindicato de pilotos comerciales, entre otros gremios estratégicos. De sostenerse esa adhesión, el día de la huelga no habría colectivos, trenes ni vuelos, lo que ampliaría el alcance de la protesta a todo el país.
Desde la conducción de la UTA indicaron que, como sindicato confederado, acompañarán la decisión de la CGT. Para la central obrera, asegurar ese respaldo es determinante: el último paro general perdió fuerza cuando los colectivos funcionaron por una conciliación obligatoria, lo que redujo el impacto social de la medida.
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, marítimos, aeronáuticos y subterráneos, también anticipó acompañamiento. Con ambos bloques alineados, el sindicalismo proyecta un escenario de virtual inmovilidad en los principales centros urbanos.
La convocatoria al paro también responde a la presión de sectores sindicales que venían reclamando una postura más dura frente al Gobierno. Gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA impulsaron en paralelo un frente propio con paro y movilización al Congreso.
Ese armado, conocido como Frente de Sindicatos Unidos, se adelantó a la CGT y anunció su propio plan de lucha. La decisión de la central obrera de activar la huelga busca evitar una fractura mayor dentro del movimiento sindical y mostrar capacidad de conducción en un contexto de cuestionamientos internos.
Aunque la CGT no llamará oficialmente a movilizar, agrupaciones de izquierda, sectores del kirchnerismo y gremios más combativos ya anticiparon que marcharán por su cuenta el día del debate parlamentario.
Puertas adentro, dirigentes cegetistas admiten que el clima social es complejo y que buscan evitar escenarios de violencia como los registrados en protestas anteriores. Por eso optaron por una huelga sin convocatoria formal a marchar.
El proyecto de reforma laboral es el principal punto de choque entre el Gobierno y el sindicalismo. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado e incluye cambios en indemnizaciones, contratación y régimen de licencias médicas.
El capítulo más controvertido es el de las enfermedades laborales y licencias por salud. Tras las críticas, el oficialismo abrió la puerta a introducir modificaciones para casos de enfermedades graves o comprobables, pero el sindicalismo considera que el núcleo del proyecto sigue implicando una pérdida de derechos.
Desde la CGT sostienen que el debate sobre la modernización laboral es legítimo, pero cuestionan la orientación de la reforma. El Gobierno, en cambio, argumenta que los cambios son necesarios para reducir costos, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía.
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