Media sanción a la baja de imputabilidad a partir de los 14 años
En otra jornada clave en el Congreso, la iniciativa del oficialismo se aprobó con 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención. El proyecto, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, pasará al Senado para seguir su tratamiento.
El gobierno de Javier Milei consiguió este jueves su segunda victoria legislativa del año en el período de sesiones extraordinarias del Congreso: un día después de que el Senado aprobara la reforma laboral, la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa se aprobó con 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención.
Los principales puntos del nuevo Régimen Penal Juvenil
La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.
Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.
La sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
El proyecto pone el acento en la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe cualquier convivencia con detenidos mayores. Además, incorporaprogramas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y tratamiento de adicciones, bajo supervisión judicial.
Uno de los puntos que destrabó apoyos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones para su implementación, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
