Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez
El fiscal Diego Luciani solicitó además que los desapoderen de 46 autos y $53.280,24; el planteo incluye al departamento de Constitución en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria
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Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez
El fiscal Diego Luciani solicitó además que los desapoderen de 46 autos y $53.280,24; el planteo incluye al departamento de Constitución en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria
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LA NACION
El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relatan que identificaron nuevos bienes de las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordene su decomiso.
En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24, dijeron.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo".
Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.
Según los fiscales, la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.
Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada.
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