Más procesados por el caso de los seguros
El juez Casanello avanzó contra el exintendente de la Quinta de Olivos en la era de Alberto F. y apuntó a un grupo de empresas
El juez Casanello avanzó contra el exintendente de la Quinta de Olivos en la era de Alberto F. y apuntó a un grupo de empresas
El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer a una serie de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, quien también se encuentra procesado desde el año pasado por esta causa.
En el mismo fallo, el magistrado avanzó además contra Daniel Rodríguez, que era el intendente de la Quinta de Olivos y estaba vinculado a Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers amigos del exmandatario que está en la mira de este expediente. Tan cercanos eran que Fernández terminó nombrando a la mujer de Sosa, María Cantero, como su secretaria privada.
Según se supo, aunque Rodríguez fue nombrado intendente de la residencia presidencial por Fernández, hacía trabajos para él desde antes de que asumiera como presidente. Esas tareas las habría pagado Martínez Sosa.
El exintendente de Olivos fue procesado como partícipe secundario de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario.
Entre otros motivos, porque habría colaborado para los encuentros entre Martínez Sosa y Alberto Fernández; por ejemplo, habilitando la entrada del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registro.
Además, fueron procesadas las empresasHéctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Los representantes de estas compañías -y quienes actuaron para beneficiarlas- ya habían sido procesados, pero el juez avanzó ahora contra las empresas basado en la ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según fundamentó Casanello en su fallo, a la Justicia le corresponde actuar contra una compañía cuando constata que tuvo una organización defectuosa, que en lugar de prevenir los riesgos inherentes de la actividad, los aceptó y dio plausibilidad a la comisión de delitos en su beneficio.
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