Procesaron a Spagnuolo y otros 18 por presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad
El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude al Estado y coimas en contrataciones públicas, en una causa que expone un presunto entramado de corrupción institucional.
La Justicia federal dictó procesamientos en la causa que investiga un esquema irregular de adjudicaciones y supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Sebastián Casanello consideró a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo durante la gestión del presidente Javier Milei, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado, afirmó la resolución judicial.
La decisión alcanzó a un total de diecinueve personas, entre exfuncionarios, empleados y empresarios vinculados a la compra de insumos y medicamentos con sobreprecios, según el fallo al que tuvo acceso la prensa. El magistrado describió un entramado de corrupción institucional en el que se direccionaban contrataciones públicas para generar ganancias ilegales en detrimento de fondos destinados a personas en situación de discapacidad.
La pesquisa se originó tras la filtración de audios y, aunque las defensas intentaron desestimar la investigación por supuesta ilegalidad de esas grabaciones, Casanello rechazó esos planteos y avanzó con los procesamientos, apoyándose en otras pruebas colectadas, dijeron fuentes judiciales.
Las medidas incluyen embargos sobre los bienes de los principales acusados y ordenan nuevas indagatorias para otros implicados. Para sectores de la oposición y organizaciones sociales, el caso pone en evidencia la necesidad de mayor control sobre organismos estatales y la protección de recursos destinados a grupos vulnerables.
El procesamiento de Spagnuolo se suma a una serie de hechos que han tensionado la gestión pública de Andis desde hace meses, con denuncias anteriores por presuntas irregularidades en pensiones y contratos, así como pedidos de explicaciones por parte de representantes legislativos de distintos bloques.
