De $900 millones es la demanda a la Iglesia que hicieron tres víctimas de abusos sexuales de un cura en Entre Ríos - VDRnet
Diego, Marcelo, Pablo, las tres víctimas de los abusos sexuales del cura José María López, que fue párroco, entre otros lugares, en San José Obrero y Nuestra Señora de Luján, en Paraná, y en San Miguel, de Bovril, iniciaron el camino de la dema
Lo hicieron después de una trabajosa mediación que timoneó, en representación de la curia, el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari, pero que no llegó a ningún acuerdo.
Millonaria demanda
Sin arbitraje posible, lo que siguió es la demanda civil: hay tres expedientes abiertos en los juzgados civiles N°1, N°2 y N°5. Las demandas, por un monto de $300 millones por cada uno de las tres víctimas de los abusos del cura López, no sólo alcanzan al Arzobispado de Paraná y a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sino también al propio sacerdote (que ya perdió el estado clerical y cumple condena a 8 años y 5 meses de cárcel en la Unidad Penal de Paraná) y a las dos parroquias en las que ocurrieron las agresiones sexuales: San José Obrero, de Paraná, y San Miguel, de Bovril.
El cierre de la mediación ocurrió formalmente el viernes 6. Aunque la apertura de las demandas se inició a finales de 2025, antes del comienzo de la feria judicial de enero.
Reconoció cargos en juicio abreviado
Las denuncias en la Iglesia empezaron en 2019. Pero la Justicia tomó nota cuando tres de las víctimas del cura López acuden por propia voluntad y denuncian los abusos. Eso fue en agosto de 2023.
En diciembre de ese año, el cura termina condenado mediante juicio abreviado ya que asumió la culpa de los delitos que se le enrostraron y es condenado a ocho año y medio de cárcel. Ahora está alojado en la Unidad Penal de Paraná.
En la imputación, que llevó adelante el fiscal Leandro Dato, se lee que el cura López tanto en la habitación de huésped de la casa parroquial de la Iglesia San José Obrero, sita en calle Avenida Zanni Nº 2640 de la ciudad de Paraná, como también en oportunidades de realizar campamentos en vacaciones hacia Bariloche, El Espinillo, Puerto Madryn, Purmamarca entre otros viajes que realizan juntos (en relación a una de las tres víctimas), y luego de forjar un vínculo de confianza, aprovechándose del fallecimiento de su progenitor, el cura le efectuaba tocamientos en el pene y apretaba sus testículos con su mano por debajo de la ropa.
La acusación al sacerdote se basó en el testimonio de las tres víctimas denunciantes, quienes dieron cuenta de las formas y circunstancias en que fueron agredidas, corroborando de ese modo la plataforma fáctica sobre la cual se erige la acusación, narraciones que por otro lado aparecen desde la percepción directa, como espontáneas, razonables y, por lo tanto, creíbles, a la vez que confirman los extremos contenidos en la imputación, según la letra de la sentencia condenatoria.
Después de la condena penal, lo que sigue es la demanda civil por parte de las víctimas a la Iglesia Católica, en Paraná y al Episcopado, al propio cura, y a dos parroquias.
