FOPEA rechaza la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial»
El Gobierno no puede erigirse como un «tribunal de la verdad», compartieron desde las cuentas oficiales del Foro de Periodismo Argentino.
En ese sentido, expresaron:
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada Oficina de Respuesta Oficial, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de desmentir activamente la mentira y dejar en evidencia operaciones.
El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma. El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una verdad oficial indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre.
Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un tribunal de la verdad. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.
Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.
A lo largo de 23 años de vida institucional, nuestra organización ha venido planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.
Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública, concluyeron.
