Informe de CISPER: Profesionales de salud en Entre Ríos al borde de la línea de pobreza - Salto Grande Extra
Los profesionales de salud en Entre Ríos perdieron un 15,1% de poder adquisitivo en 2025. Conocé por qué los salarios salud Entre Ríos rozan la pobreza.
Un análisis técnico elaborado por el médico Guillermo Zanuttini y publicado a través de CISPER revela que el talento humano del primer nivel de atención en Entre Ríos sufrió una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 15,1% en 2025. Mientras la inflación anual alcanzó el 31,5%, los incrementos salariales apenas rozaron el 19%, dejando a gran parte de los profesionales por debajo del costo de la canasta básica.
La gestión de la salud pública en la provincia de Entre Ríos atraviesa un periodo de marcada desinversión que afecta directamente la estructura de ingresos de sus trabajadores. Según un informe del médico Guillermo Zanuttini publicado recientemente en el sitio de CISPER, las políticas de ajuste implementadas tanto a nivel nacional como provincial erosionaron el poder de compra en el sector sanitario. Esta situación no solo compromete el bienestar de los agentes, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema primario de cuidado comunitario.
El contraste de los datos oficiales es contundente y muestra una realidad alarmante. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación acumulada del 31,5% durante 2025, los salarios del sector salud quedaron rezagados de forma significativa. En consecuencia, el personal sanitario experimentó una pérdida real de sus ingresos que osciló entre el -11,9% y el -15,1% respecto a la inflación.
La brecha frente a la inflación acumulada
Los distintos escalafones de la administración pública provincial no lograron equiparar el ritmo inflacionario a pesar de las actualizaciones parciales. Por ejemplo, los profesionales de la salud con cargos titulares recibieron un incremento de apenas el 18,7% en doce meses. Por su parte, el personal de enfermería percibió una suba del 19,6% y los agentes sanitarios un 17,9%, cifras que palidecen ante el aumento generalizado de bienes y servicios básicos.
Esta brecha salarial se traduce en una desvalorización del talento humano, factor esencial para el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El Estado provincial, al no compensar la inflación, redujo de hecho la remuneración por las prácticas desarrolladas en el territorio durante el año pasado. Además, la falta de una planificación clara profundiza la incertidumbre en un contexto donde el rumbo sanitario carece de definiciones estratégicas.
Salarios salud Entre Ríos 2025 y la línea de pobreza
La situación económica adquiere mayor gravedad al comparar los haberes con el costo de vida real para una familia tipo. Para no ser considerado pobre en Argentina, un hogar necesitó $1.308.713,26 en diciembre de 2025 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). No obstante, la mayoría de los salarios testigos del primer nivel de atención (PNA) urbano se ubicaron por debajo de ese umbral de subsistencia.
Un profesional con menos de 10 años de antigüedad percibió un haber bruto de $1.035.000,00, quedando notablemente por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Incluso agentes con casi 30 años de servicio, como un sanitario titular que percibe $1.345.000,00, apenas logran empatar el costo de la canasta básica. Esta realidad evidencia una incapacidad de gestión para garantizar que quienes cuidan a la población tengan sus propias necesidades básicas cubiertas.
Implicancias de la desinversión política
El debilitamiento de la fuerza laboral sanitaria no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones políticas que priorizan el ajuste fiscal. Zanuttini señala en su análisis para CISPER que existe una evidente falta de previsión para que la atención funcione como un sistema de servicios articulados en redes. Asimismo, atribuye este escenario a una decisión de desinversión definida desde el gobierno nacional que la provincia no ha logrado suplir con recursos propios.
Finalmente, el actual panorama plantea un desafío constitucional para el Estado entrerriano respecto a su rol como garante de la salud. La precarización de los agentes sanitarios compromete la capacidad de vínculo, un rol esencial para trabajar en el cuidado de la salud comunitaria. Sin una rectificación que contemple la recuperación real del salario, el sistema público corre el riesgo de una desarticulación irreversible en sus redes de atención.
