Ley de Libertad Educativa: qué cambia y por qué genera rechazo entre legisladores entrerrianos
Compartir en: El proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por el Gobierno Nacional para reemplazar la actual Ley de Educación Nacional N° 26.206, comenzó a generar fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos y educativos. En este
El proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por el Gobierno Nacional para reemplazar la actual Ley de Educación Nacional N° 26.206, comenzó a generar fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos y educativos. En este contexto, la diputada nacional por Entre Ríos Marianela Marclay expresó su rechazo a la iniciativa, al considerar que implica un retroceso en el rol del Estado en materia educativa.
Marclay participó el último viernes de una reunión en Paraná con la conducción de AGMER, junto a los diputados Guillermo Michel y Blanca Osuna y el senador Adán Bahl, donde ratificaron su respaldo a la legislación vigente. Según señalaron, la ley actual permitió revertir la fragmentación del sistema educativo y la desfinanciación heredada de la Ley Federal de Educación.
Uno de los principales cuestionamientos al nuevo proyecto es que redefine el rol estatal: mientras la ley vigente concibe a la educación como un derecho fundamental y un bien público garantizado por el Estado, la iniciativa oficial pone el eje en el derecho preferente de los padres y habilita formas de educación abierta sin certificación oficial. Con esta ley, el Estado deja de ser garante y pasa a cumplir un rol secundario, sostuvo Marclay.
La legisladora también advirtió sobre la descentralización de los contenidos educativos, ya que el proyecto permite que cada escuela defina sus propios planes de estudio, algo que hoy se establece a nivel provincial en el marco del Consejo Federal de Educación. A esto se suma la declaración de la educación como servicio esencial, lo que según explicó podría limitar el derecho a huelga docente al imponer guardias mínimas.
Otro punto sensible es la incorporación de modalidades como la educación en el hogar y entornos virtuales, incluso con instituciones no radicadas en Argentina, así como la falta de precisiones sobre el financiamiento educativo. La ley actual fija una inversión mínima del 6% del PBI, mientras que el nuevo proyecto habla de vales, becas y otros instrumentos sin garantizar ese piso presupuestario.
Este proyecto cambia el paradigma de la educación como política de Estado y la convierte en una responsabilidad individual, concluyó Marclay, quien afirmó que, si bien el sistema educativo necesita reformas, esta iniciativa no es el camino para quienes creen en la educación como herramienta de equidad y movilidad social.
