Milei quitó la obligación nacional de dictar educación vial y jornadas contra la violencia de género
Por medio de un decreto, el Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad de los contenidos de educación vial y de la jornada Educar en Igualdad en las escuelas de todo el país. A partir de 2026, cada provincia definirá si mantiene o no estos temas d
Cambios en educación
Milei quitó la obligación nacional de dictar educación vial y jornadas contra la violencia de género
A partir del ciclo lectivo 2026, las escuelas de todo el país ya no estarán obligadas a dictar contenidos sobre educación vial ni a realizar la jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. La decisión fue adoptada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio del año pasado.
La norma deroga tres artículos de leyes nacionales vigentes, lo que implica que la incorporación de estos temas dejará de ser obligatoria a nivel nacional y pasará a depender exclusivamente de las autoridades educativas de cada provincia, que deberán definir si los mantienen dentro de sus diseños curriculares.
En el caso de la Ley N.º 27.234, conocida como Educar en Igualdad, se establecía la realización obligatoria de una jornada anual en todos los establecimientos educativos del país, con el objetivo de que estudiantes y docentes desarrollaran actitudes, saberes y prácticas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.
Por otro lado, la Ley N.º 27.214 de Promoción de la Educación Vial contemplaba en sus artículos 5° y 6° la obligación de dictar cursos, capacitaciones y contenidos específicos sobre seguridad vial en escuelas de todos los niveles. Además, uno de sus artículos habilitaba la creación del Observatorio de la Educación Vial en el ámbito del Ministerio de Educación, con participación de especialistas, universidades nacionales y organizaciones con trayectoria en la temática.
Con la derogación de estos artículos, el Estado nacional deja de fijar estos contenidos como obligatorios y traslada la responsabilidad a las provincias, que contarán con autonomía para decidir su continuidad en las aulas, en el marco de sus políticas educativas locales.
