Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Tras una serie de declaraciones indagatorias, la fiscal Lacki consideró que hay pruebas suficientes para sostener la acusación
Tras una serie de declaraciones indagatorias, la fiscal Lacki consideró que hay pruebas suficientes para sostener la acusación
La Justicia de La Plata pidió la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los dos empleados del Senado bonaerense acusados de múltiples abusos sexuales contra jóvenes militantes y trabajadoras legislativas, en un caso que generó fuerte impacto institucional y político.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Betina Lacki ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, tras una serie de declaraciones indagatorias y testimoniales que, según consideró la acusación, aportaron pruebas suficientes para sostener la imputación y mantener detenidos a los sospechosos mientras avanza la investigación.
Los imputados están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, en al menos nueve hechos. La fiscal sostuvo que la prisión preventiva resulta necesaria tanto para asegurar el proceso judicial como para resguardar a las víctimas.
Durante la última semana declararon docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las denunciantes, la expareja de una de ellas y una funcionaria municipal, lo que permitió ampliar el cuadro probatorio. Ahora el magistrado deberá convocar a una audiencia presencial con las partes, prevista para los próximos días, tras la cual definirá si ratifica la prisión preventiva.
La causa se originó a partir de denuncias presentadas por cuatro mujeres, dos de ellas en 2019 y otras dos en 2025. Los acusados eran dirigentes de una agrupación política kirchnerista y se desempeñaban como empleados de planta permanente en la Legislatura bonaerense. Según las denuncias, utilizaban su posición de poder y promesas de oportunidades laborales o educativas para captar a jóvenes, a quienes luego sometían a un sistema de manipulación psicológica y sexual.
Las víctimas relataron que los abusos ocurrieron en domicilios particulares, departamentos, oficinas del Senado e incluso en contextos vinculados a la militancia política. En algunos casos, señalaron que una de las imputadas facilitaba el acceso del otro acusado a las jóvenes, presenciaba los episodios o participaba activamente en la dinámica de sometimiento. En resoluciones previas, el juez Masi había señalado que las víctimas eran encerradas para impedir que escaparan y que, tras los abusos, eran perseguidas.
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