Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia
La noticia fue confirmada por el mandatario provincial Gustavo Melella; la provincia interpondrá una acción judicial para defender la autonomía provincial
Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia
La noticia fue confirmada por el mandatario provincial Gustavo Melella; la provincia interpondrá una acción judicial para defender la autonomía provincial
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El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. En su presentación solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgo operativo en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un acto irresponsable.
Vamos a la Justicia Federal por la intervención del Puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta, detalló Melella en X.
La acción judicial de inconstitucionalidad cae sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con el objetivo de anular la intervención.
Según se anunció, la demanda, redactada a través del Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto y el equipo de esa secretaría, fue presentada ante la Justicia Federal y ataca directamente la resolución 4/2026 del Ministerio de Economía, que formalizó la decisión de la gestión libertaria.
Allí el Gobierno establecía que se realizaron una serie de inspecciones que concluyeron que el puerto tenía un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización e incumplimiento de protocolo. También mencionaban la falta de observancia de mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad y la baja inversión en infraestructura. Esto último, aseguraban, podía comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras.
En su presentación judicial, el gobierno de Tierra del Fuego argumentó que la intervención representa una violación de la autonomía provincial y el régimen federal, ya que se trata de una intervención federal indirecta o encubierta que evita el procedimiento constitucional previo para dicha decisión, que es la sanción de una ley en el Congreso.
También consideraron que la gestión libertaria desconoció el Convenio de transferencia de puertos Nación-Provincia, donde el Gobierno Nacional le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia.
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