Reforma laboral: los gobernadores de Córdoba y Santa Fe condicionan su apoyo y el proyecto entra en la etapa de definiciones
Los mandatarios de esas provincias coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes laborales, pero también alertaron sobre el perjuicio a sus cuentas fiscales. Mientras tanto, la Casa Rosada suma respaldos y prepara el debate en el Senado.
La discusión por la reforma laboral entró en una etapa decisiva con movimientos simultáneos en el plano político y parlamentario. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro que funcionó como señal política para el gobierno nacional. Ambos ratificaron que comparten la necesidad de actualizar el marco laboral, aunque dejaron en claro que no acompañarán un proyecto que impacte sobre los recursos provinciales.
La cumbre se dio en un contexto de negociaciones abiertas. El oficialismo busca reunir los votos necesarios para tratar la iniciativa en el Senado el próximo 11 de febrero, mientras los gobernadores dialoguistas analizan costos y beneficios en un escenario de fragmentación y apoyos condicionados.
El mensaje de Provincias Unidas
Llaryora y Pullaro coincidieron en que la reforma debe atender los cambios tecnológicos y aliviar la carga sobre las pymes, en especial en lo referido a los costos de la litigiosidad laboral. Sin embargo, expresaron reparos sobre los puntos fiscales del proyecto, en particular la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, por su impacto en la coparticipación.
Según consignó la NA, ambos mandatarios plantearon que una baja de impuestos no debería recaer solamente sobre tributos coparticipables y señalaron que existen gravámenes nacionales que podrían revisarse. Según informes técnicos citados por la agencia, de avanzar la reforma laboral tal como está planteada, podría alcanzar a más de $3,1 billones de la masa coparticipable, impactando directamente en los presupuestos de las provincias.
Pullaro sostuvo que Santa Fe y Córdoba son provincias que traccionan producción y empleo y remarcó que el interior no pide asistencia, sino condiciones para trabajar. Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo, dijo
Llaryora, en la misma línea, afirmó que sus legisladores analizarán el texto artículo por artículo, en función de las diferencias internas.
Los apoyos que sumó la Casa Rosada
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzó con su ronda de contactos y logró que cinco gobernadores manifestaran su disposición a acompañar el tratamiento de la ley. Según la Cartera, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Alberto Weretilneck expresaron su respaldo político a la iniciativa.
El último encuentro fue con el gobernador de Río Negro. De acuerdo con un comunicado oficial, los funcionarios nacionales y Weretilneck coincidieron en que el proyecto de modernización laboral es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país. En ese marco, señalaron que el texto permite que las empresas incorporen más trabajadores a la economía formal.
Un mapa de posiciones abiertas
El oficialismo también intensificó el trabajo técnico. En los últimos días, el equipo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado mantuvo reuniones con asesores de los senadores aliados y con más de 20 instituciones, entre ellas la CAME, la UIA, la CAC, Camima y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. La comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes, junto con el secretario parlamentario Cristian Larsen, encabezó esos encuentros.
Leé también: El Gobierno retoma las reuniones de la mesa política y define si envía el acuerdo Mercosur-UE al Senado
El objetivo es llegar al recinto con el mayor consenso posible. Patricia Bullrich ya convocó a su bancada para el 2 de febrero, con el fin de evaluar el temario de las sesiones extraordinarias que el presidente Javier Milei habilitó entre el 2 y el 27 del mes próximo.
Mientras algunos gobernadores ya se alinearon con el Gobierno, otros, como Llaryora y Pullaro, optaron por una estrategia intermedia. Reconocen la necesidad de una reforma, pero reclaman cambios de fondo para que no se vean afectados recursos coparticipables. Esa postura refleja el clima que domina entre los mandatarios provinciales, que negocian sin cerrar filas de manera definitiva y trasladan la definición final al debate legislativo que se acerca.
