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El Heraldo 24/01/2026 06:33 2 min de lectura

Entre Ríos avanza contra la violencia digital

Con esta adhesión, en Entre Ríos comienza a ponerse un límite claro: se termina la impunidad para quienes usan las redes para denigrar, calumniar, hostigar o ejercer violencia. Internet ya no es tierra de nadie, y las agresiones virtuales también ten

Entre Ríos avanza contra la violencia digital
Foto: El Heraldo

Entre Ríos avanza contra la violencia digital

Con esta adhesión, en Entre Ríos comienza a ponerse un límite claro: se termina la impunidad para quienes usan las redes para denigrar, calumniar, hostigar o ejercer violencia. Internet ya no es tierra de nadie, y las agresiones virtuales también tendrán consecuencias legales.

Entre Ríos dio un paso clave en la protección de las personas frente a la violencia digital al promulgar la adhesión a la Ley Olimpia, un marco legal que habilita a la Justicia a actuar de manera directa sobre redes sociales, plataformas digitales y sitios web cuando se ejerzan conductas de acoso, hostigamiento o difusión de material sin consentimiento.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, incorpora herramientas concretas para intervenir ante agresiones cometidas en entornos virtuales. A partir de ahora, los jueces podrán ordenar la eliminación inmediata de contenidos violentos, siempre mediante resolución fundada y con la identificación precisa del material a remover, incluyendo la URL correspondiente.

La ley también permite interrumpir cualquier forma de contacto digital del agresor, suspendiendo comunicaciones a través de redes sociales, mensajería u otras tecnologías, cuando así lo amerite la situación.

Además, se garantiza la preservación de pruebas digitales, obligando al resguardo de datos, registros y contenidos, incluso aquellos ya eliminados, para asegurar el avance de las investigaciones.

Otro punto central es la obligación de colaboración de las empresas tecnológicas, que deberán conservar información relevante como datos de tráfico, abonados y contenidos por un plazo mínimo de 90 días, facilitando el accionar judicial.

En el plano preventivo, la ley impulsa programas de concientización y educación digital, con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología y visibilizar las consecuencias legales y sociales de la violencia en línea.

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