Tragedia en Victoria: La querella asegura que la rotisería clandestina era una bomba de tiempo
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A casi un mes del trágico incendio que conmovió a la ciudad de Victoria, la investigación judicial avanza con testimonios que complican la situación del propietario del establecimiento. El abogado querellante Agustín Grecco fue contundente al describir el lugar del siniestro: Para mí era un garaje donde se hacían comidas, señaló, desmitificando la idea de que se tratara de una rotisería formalmente constituida pudo saber EntreRíosYA de lo informado por Ahora.
Un desenlace que califican como evitable
La querella busca no solo justicia por Natalia García y Agustina Cabrera, quienes se encontraban trabajando al momento del incendio, sino que también incluye en el marco del daño provocado a Fabricio Mansilla. Mansilla, quien era novio de Agustina, se quitó la vida el pasado primero de enero, un hecho que Grecco considera parte del fatal desenlace evitable derivado de la tragedia.
Según los testimonios recolectados esta semana en la fiscalía, el inmueble operaba de forma clandestina desde aproximadamente el año 2020 o 2021. Diversas jóvenes que trabajaron en el lugar coincidieron en que el ambiente laboral estaba marcado por el miedo y el terror, debido a las precarias condiciones de seguridad. Era una bomba que iba a estallar en algún momento y lamentablemente estalló el 30 de diciembre, afirmó el letrado.
Falta de controles y antecedentes
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la ausencia de inspecciones municipales y controles bromatológicos durante al menos cinco años. Grecco subrayó que el propietario del lugar manejaba otros emprendimientos gastronómicos en la ciudad, incluyendo un bar nocturno, un carribar y la cantina del club Huracán. Esta última, según el abogado, ya había sido clausurada previamente por presentar las mismas irregularidades: la falta de medidas de seguridad suficientes.
El avance de la causa
Actualmente, la investigación se encuentra en sus etapas iniciales bajo la dirección del fiscal Eduardo Guaita. La querella y la fiscalía trabajan de forma conjunta para determinar las responsabilidades penales, no solo del dueño del local, sino también de aquellos funcionarios que debían ejercer el poder de policía y control sobre este tipo de establecimientos.
