Ese tiempo se terminó: Frigerio denunció espionaje en dependencias oficiales
El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el hallazgo de dispositivos de grabación...
El gobernador confirmó la aparición de dispositivos de grabación ocultos y aseguró que no se encubrirán responsabilidades.
El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación. El descubrimiento se produjo este miércoles y encendió una fuerte alarma institucional en la Casa Gris.
Desde el Ejecutivo provincial calificaron el hecho como de extrema gravedad, al considerar que se trata de un delito que atenta contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. Por ese motivo, se dispuso de manera inmediata la intervención de la Justicia para determinar quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados y con qué finalidad.
En paralelo, el gobierno ordenó una investigación administrativa interna para establecer posibles responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura estatal.
La palabra del gobernador
Al referirse al episodio, el gobernador fue contundente:
Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó.
En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa una etapa de transformación institucional profunda. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar, afirmó.
El mandatario remarcó que la investigación llegará hasta el fondo para esclarecer los hechos: Queremos saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida.
Un mensaje político e institucional
Desde el Ejecutivo subrayaron que el episodio no solo representa una violación a la intimidad de los funcionarios, sino también un ataque directo al sistema democrático y a la transparencia en el ejercicio del poder público.
La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener, concluyó el gobernador.
