Cuánto podrían bajar tras la eliminación de aranceles
Desde el 15 de enero rigen aranceles cero para celulares importados. El Gobierno estima bajas de hasta 30%, mientras el impacto final dependerá del mercado.
A partir del jueves 15 de enero de 2026 entrará en vigencia la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que apunta a reducir precios y ampliar la oferta en el mercado local. El cambio se formaliza con el Gobierno nacional a través del Decreto 333/2025, que completó un cronograma iniciado en mayo pasado.
Hasta ahora, los aranceles habían bajado del 16% al 8%. Con la nueva etapa, la protección arancelaria desaparece por completo, acercando a la Argentina a los precios regionales de tecnología. En el mismo paquete, el Ejecutivo también eliminó impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego (del 9% al 0%), y redujo los impuestos a televisores y consolas importadas (del 19% al 9,5%).
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo sostuvo que, desde que comenzó la reducción en 2025, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos, y que la eliminación total permitirá mayor oferta y precios más competitivos.
El Gobierno reconoce que el traslado al consumidor no será automático y dependerá de costos logísticos y estrategias comerciales, aunque apunta a una baja promedio cercana al 30%. Analistas privados estiman descensos de entre 20% y 40% a mediano plazo, según el modelo y el origen.
Hoy, por ejemplo, un iPhone de alta gama sigue costando sensiblemente más que en Estados Unidos, aun con reducciones previas ya incorporadas por los resellers. Por eso, el efecto inmediato podría ser dispar.
La medida también encendió alertas en el plano laboral. La Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande advirtió sobre el impacto en el empleo fueguino y reclamó políticas complementarias para proteger la producción local. Mientras el Gobierno apuesta a la competencia para bajar precios, el sector industrial pide garantías para sostener puestos de trabajo en un contexto de mayor apertura.
