Juicio de YPF: pedirán el desacato para la Argentina y el Gobierno plantea que es insólito y desproporcionado
Lo harán este jueves por escrito a la jueza Loretta Preska de Nueva York.Es porque consideran que el país incumplió con la orden de acceso a chats y mails de funcionarios actuales y ex.La Procuración apunta que se sigue avanzando en el proceso.
Esta semana se abre otra instancia clave en el juicio por YPF en los tribunales de Nueva York, con una sentencia por US$ 16.100 millones más los intereses acumulados.
Burford Capital, el principal financiador de los fondos demandantes contra la Argentina por la irregular expropiación de la petrolera en 2012 con el kirchnerismo, anticipó que los abogados representantes de los beneficiarios del fallo presentarán este jueves un escrito en el que pedirán que se declare en desacato a la Argentina porque consideran que se incumplió el proceso de discovery ordenado por la magistrada en la causa, en el que pidió acceso a los mails y WhatsApp de funcionarios de Luis Caputo y los que integraban el equipo de Sergio Massa.
En caso de que la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska haga lugar a la solicitud, esta situación podría traer severas consecuencias económicas y financieras para la Argentina, entre sanciones y complicaciones para el comercio exterior.
Pero el pronunciamiento judicial no será inmediato. El lunes, la defensa argentina hará su réplica, mientras que los demandantes deberán esperar al 5 de marzo para la contrarréplica. Recién en las audiencias previstas para el 23 y 24 de ese mes Loretta decidirá si declara o no al país en desacato.
El Gobierno criticó a Burford y planteó que la Argentina continúa cumpliendo con el discovery. El 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato, le explicaron a Clarín desde la Procuración del Tesoro, y apuntaron que ninguna solicitud de ese tipo tiene efectos jurídicos reales hasta tanto el país pueda ejercer su defensa y la cuestión sea analizada y resuelta por la jueza.
La insistencia de Burford Capital en este tipo de planteos no parece orientada a la ejecución de una sentencia apelada y pendiente de resolución ante la Corte, sino a someter a la Argentina a pedidos intrusivos y desproporcionados, con el objetivo de generar presión política y mediática, apuntaron. Y sumaron presiones internas por parte de sus propios inversores por el impacto en la cotización de Burford.
En ese sentido, este pedido de revisar dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex fue apelado por la República en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorkino y anoche presentó un escrito para revocar la orden de la magistrada, con argumentos de la posición argentina.
Según indicaron, esta conducta se enmarca en el intento declarado de 'poner arena en los engranajes' del proceso de normalización del país, lo que excede cualquier finalidad jurídica legítima.
Señalaron también que el cumplimiento de esta etapa procesal demandó casi dos años de trabajo coordinado y sistemático, e implicó la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales. Se realizó con el compromiso del Estado de actuar conforme a derecho y respetar las decisiones judiciales, añadieron.
Y aclararon que se avanzó en el cumplimiento de la orden dentro de las posibilidades legales del Estado y con respeto a los límites establecidos por la Constitución Nacional. A la fecha, de un total de 36 involucrados, entregaron documentación 30, mientras que otros seis no lo hicieron.
Al respecto, precisaron que las personas alcanzadas por los requerimientos optaron por cooperar o abstenerse de aportar comunicaciones de carácter personal, amparándose, entre otros, en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia. Y adelantaron que se informará oportunamente sobre las presentaciones de los demandantes y los argumentos de la defensa argentina, haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles para la protección de los intereses del Estado.
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