Desde el gobierno sostuvieron que no existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad
Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo, sostuvieron desde el gobierno, tras el comunicado de los organismos de derechos humanos.
Luego de que La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) denunciaron un proceso de vaciado institucional en el Registro Único de la Verdad (RUV), desde el gobierno provincial emitieron comunicado desmintiendo la situación de desmantelamiento y asegurando la continuidad de políticas.
Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: No existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores, señalaron.
A su vez el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas.
Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo, sostuvieron.
Además, el texto remarca: Resulta fundamental remarcar que de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad.
La presencia del Estado provincial en dichas causas se encuentra plenamente garantizada, así como también la representación provincial en los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad, dado que existen, tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos, profesionales debidamente calificados y con competencia suficiente para ejercer dicho rol, asegurando la continuidad institucional y el compromiso del Estado entrerriano en esta materia, señalaron.
Asimismo, explicó: No se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, sostuvieron, precisando que la cantidad de contratos no renovados representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes en la Administración Pública.
Las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos objetivos y responsables, orientados a fortalecer la gestión pública, optimizar el uso de los recursos y consolidar un Estado eficiente, transparente y plenamente comprometido con sus obligaciones institucionales, concluye el texto que reprodujo APF.
