Juicio político naufragado: el Gobierno de Entre Ríos dejó vencer los plazos y salvó a la jueza Medina por omisión
Entre Ríos | Sin estridencias, sin explicaciones y con el expediente durmiendo en un cajón, el juicio político a la jueza...
Sin estridencias, sin explicaciones y con el expediente durmiendo en un cajón, el juicio político a la jueza Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, se cayó por vencimiento de plazos. El trámite quedó formalmente archivado este lunes 5 de enero, cuando expiraron los 30 días constitucionales para que la Comisión de Juicio Político emitiera dictamen.
Una caída prolija, burocrática y funcional al poder: el Gobierno provincial dejó correr el reloj y evitó pagar costos políticos.
Medina enfrentaba tres denuncias por mal desempeño, un escenario que incluso la llevó a renunciar a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA). Pero nada de eso alcanzó para que el oficialismo sostuviera el impulso inicial. La acusación se diluyó entre silencios, internas y negociaciones opacas.
Denuncias graves, respuestas tibias
A la magistrada se le cuestionaba haberse ausentado de su jurisdicción durante 668 días, lo que equivale a tres años judiciales completos entre 2016 y 2025, con el consecuente atraso en la tramitación de causas.
Medina negó irregularidades, aseguró que los viajes fueron autorizados por sus pares y que se ajustaron a la normativa vigente para los vocales del STJ.
Las denuncias estallaron a comienzos de diciembre y, en un primer momento, el oficialismo dio señales claras de avanzar. Sin embargo, antes de Navidad se activó el freno de mano. Desde allí, todo fue retroceso.
Casa de Gobierno, llamadas y versiones incómodas
El giro coincidió con movimientos sugestivos:
visitas de los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia a Casa de Gobierno, reuniones de los abogados de Medina con el ministro de Gobierno Manuel Troncoso y con Gabriela Lena, presidenta de la comisión investigadora.
En paralelo, diputados peronistas deslizaron que el empresario Eduardo Eurnekian habría intercedido ante el gobernador Rogelio Frigerio en favor de la jueza. El Gobierno, fiel a su estilo, no confirmó ni desmintió nada.
Dictamen listo, pero guardado
La Comisión de Juicio Político tenía preparado un dictamen exculpatorio, que incluso circuló por correos y WhatsApp, pero nunca llegó al recinto. El texto sostenía que no existió daño institucional ni afectación del servicio de justicia y que las denuncias buscaban presionar políticamente a la magistrada.
El problema no era el contenido, sino el contexto:
el oficialismo tenía los votos, pero necesitaba cuórum opositor y, además, quería que el peronismo firmara el dictamen. El PJ se mostró dispuesto a acompañar, pero rechazó un tratamiento exprés. Resultado: no hubo sesión, no hubo dictamen y sí hubo archivo automático.
El papelón libertario
El bloque de La Libertad Avanza aportó su cuota de confusión. No firmó el dictamen y dejó un episodio que ya circula como anécdota legislativa.
El diputado Roque Fleitas interrogó a Medina por supuestas donaciones del Banco de Entre Ríos (BERSA) a la AMJA y vinculó a la jueza con Eduardo Eurnekian y el uso de su avión privado.
Medina lo corrigió con paciencia: el titular del banco es Enrique Eskenazi, no Eurnekian. Fin del argumento, inicio del bochorno.
Final abierto, Gobierno conforme
Con el proceso agotado, Medina transita la feria judicial sin sobresaltos. En los pasillos se especula con una eventual jubilación negociada, como parte de un acuerdo tácito para dejar morir el juicio político. No hay pruebas, pero tampoco desmentidas.
Desde su entorno aseguran que la jueza se siente fortalecida y que evalúa querellarse contra quienes la difamaron.
Mientras tanto, el Gobierno de Entre Ríos logró su objetivo sin decir una palabra: no avanzó el juicio, no hubo costo político y el STJ quedó intacto.
Una vez más, la Justicia y la política provincial resolvieron sus tensiones dejando que el tiempo haga el trabajo sucio.
Fuente: Federal al día
