Abogada de Crespo planteó observaciones institucionales por la terna del Juzgado de Paz
Sonia Gabriela Spreafico, abogada de Crespo, informó mediante nota al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) sobre lo que entendió como falta de criterios objetivos ni instancia de evaluación en torno a la terna para acceder a la vacante para
Abogada de Crespo planteó observaciones institucionales por la terna del Juzgado de Paz
Sonia Gabriela Spreafico, abogada con domicilio profesional en Crespo, elevó una presentación formal ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, dirigida al presidente, Santiago Esquivel, a fin de poner en conocimiento de la entidad una situación vinculada al procedimiento adoptado para la cobertura de la vacante existente en el Juzgado de Paz de Crespo.
Según informó el portal local solnoticias.com.ar, de acuerdo a lo expuesto en la nota, la profesional sostuvo que tomó conocimiento a través de publicaciones periodísticas de que, durante la última semana de diciembre de 2025, una vez concluido el período legislativo ordinario, el Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Honorable Concejo Deliberante una terna de postulantes, lo que motivó la convocatoria a sesiones extraordinarias del cuerpo deliberativo en los primeros días de enero de 2026.
En su presentación, Spreafico realizó consideraciones de carácter institucional respecto de la modalidad del trámite legislativo y de los fundamentos consignados en el proyecto de ordenanza, en el cual la selección de los postulantes se habría sustentado en referencias al prestigio y a la trayectoria profesional, sin que según se señaló tales conceptos hayan sido acompañados de criterios objetivos, acreditaciones formales ni instancias públicas de evaluación.
Asimismo, la abogada planteó que este tipo de fundamentaciones, al no surgir de procedimientos reglados y transparentes como los concursos públicos de antecedentes previstos en la normativa constitucional provincial, generan un impacto institucional sobre el conjunto de los profesionales del derecho que ejercen en la ciudad, al establecer distinciones implícitas que no se apoyan en parámetros verificables ni igualitarios.
La presentación aclaró que no persigue que el Colegio de la Abogacía intervenga en las responsabilidades propias de los funcionarios municipales ni en decisiones de naturaleza política, sino que se pone la situación en conocimiento de la entidad en su carácter de organismo representativo de la matrícula, atento a su rol en la defensa de la dignidad, el respeto y el adecuado trato institucional hacia los abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión.
La nota concluyó solicitando que la situación sea considerada en el ámbito del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en resguardo de los principios de igualdad, transparencia y reconocimiento institucional que deben regir tanto el acceso a la función pública como la valoración pública del ejercicio profesional. (APFDigital)
