ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque
ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque, aliviando a fintech como Mercado Pago, App YPF y Prex que se habrían visto afectadas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado marcha atrás en una medida que originalmente afectaba a las billeteras virtuales sin licencia bancaria, excluyéndolas del pago del Impuesto a los Créditos y los Débitos (más conocido como Impuesto al Cheque). Esta decisión beneficiaba a empresas como Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, que operan bajo el esquema de proveedores de servicios de pago (PSP), y que inicialmente se habían enterado a fines de 2025 de que serían incluidas en el tributo a partir de este año.
El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% de las transacciones financieras realizadas, aplicándose tanto al emisor como al receptor si uno de los participantes es una persona jurídica. De haberse implementado esta medida, las billeteras virtuales habrían afectado a muchos comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes) que las utilizan para cobrar a sus clientes o pagar a proveedores, lo que podría haber incrementado los costos operativos y afectado las comisiones que los usuarios pagan por el servicio.
Alivio para las fintech sin licencia bancaria
La exclusión del pago de este impuesto fue recibida con alivio por parte de las fintech, quienes temían un aumento significativo de sus costos operativos. Si bien las billeteras virtuales no bancarias continúan siendo objeto de debate sobre su marco regulatorio, la vuelta atrás en la medida también evitó modificar la competencia entre los bancos tradicionales y las fintechs, indicó Ámbito.
La incertidumbre sobre el tratamiento fiscal de las billeteras virtuales persiste, y una de las mayores incógnitas es el futuro papel de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras. A medida que las plataformas de pagos digitales siguen creciendo en popularidad, la postura de ARCA podría redefinir la relación entre el Estado y el sector fintech, que continúa siendo un motor clave para el desarrollo de la inclusión financiera en el país.
