Decreto de Estado de Conmoción Exterior ordena detener a quienes apoyen ataque de EE UU en Venezuela
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el decreto fue suscrito por Nicolás Maduro hace semanas y enviado al Tribunal Supremo de Justicia para que declare su constitucionalidad. El gobierno de Venezuela oficializó este lunes
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el decreto fue suscrito por Nicolás Maduro hace semanas y enviado al Tribunal Supremo de Justicia para que declare su constitucionalidad.
El gobierno de Venezuela oficializó este lunes el Decreto de Estado de Conmoción Exterior. Esta medida otorga facultades extraordinarias a la presidencia y faculta a los cuerpos de seguridad para la captura de cualquier persona involucrada en la promoción o respaldo del ataque perpetrado por Estados Unidos contra el territorio nacional.
La instrucción fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.954 Extraordinaria, con fecha del sábado 3 de enero de 2026. El artículo 5° establece:
Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la prestadomoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa.
El gobierno venezolano ha ordenado a todos los cuerpos policiales del país iniciar de forma inmediata la búsqueda y captura de personas presuntamente involucradas en la promoción o apoyo del reciente ataque armado de Estados Unidos.
El artículo 4 señala que el presidente de la República, mediante Decreto, podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias. Esto, dicen, con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva este Decreto.
La medida se produce tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, un hecho que ha desencadenado una serie de decisiones institucionales, entre ellas la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Rodríguez aseguró que el decreto fue suscrito por Nicolás Maduro hace semanas y enviado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que declare su constitucionalidad.
En paralelo, este lunes 5 de enero, al menos siete periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos mientras cubrían la instalación del nuevo período legislativo en la Asamblea Nacional. Según denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo y afectaron a reporteros de medios nacionales e internacionales. Tres de ellos fueron liberados horas después, mientras que otros permanecen bajo custodia.
Organizaciones han condenado los hechos, calificándolos como un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
¿Coincidencia o consecuencia?
La cercanía temporal entre la publicación de la medida en la Gaceta Oficial y las detenciones de periodistas ha encendido las alarmas en sectores de la sociedad civil. Aunque el texto oficial hace referencia explícita a personas que hayan promovido o apoyado el ataque armado, la amplitud de su redacción deja espacio para interpretaciones que podrían justificar acciones contra voces críticas o independientes.
La detención de comunicadores sociales podría ser vista como una aplicación extensiva -y preocupante- de la resolución gubernamental. La línea entre seguridad nacional y represión a la libertad de expresión parece, una vez más, peligrosamente difusa en el escenario venezolano.
Medida oficial contrasta con llamados a liberar presos políticos.
La orden publicada por el decreto en mención contrasta con la reciente declaración de Edmundo González, quien aseguró que la normalización del país real solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos que fueron privados de libertad por razones políticas.
González, destacó que estas personas son rehenes de un sistema de persecución, por lo que solicitó que se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en donde asegura haber obtenido el mayor de los votos.
