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  • Imputaron a ex funcionaria provincial y a empresarios concordienses por la causa comedores escolares

    Chajarí » Noticias Chajari

    Fecha: 09/05/2026 12:02

    La Justicia de Entre Ríos avanzó en las últimas horas con una serie de imputaciones en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra de direccionamiento de compras y administración irregular de fondos públicos destinados a comedores escolares del departamento Concordia. Entre los imputados se encuentra la excoordinadora departamental de comedores escolares, Silvina Murúa, quien fue convocada a prestar declaración junto a familiares directos y empresarios locales, en una causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Según trascendió de fuentes judiciales, la investigación está a cargo de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes vienen trabajando sobre una serie de procedimientos y allanamientos realizados durante el último año en distintos domicilios particulares y locales comerciales vinculados a los sospechados. El avance de la investigación Las medidas fueron ordenadas oportunamente por el juez de Garantías Ives Bastian y alcanzaron, entre otros lugares, instalaciones relacionadas con la firma comercial Ahora Voy SRL, empresa que aparece mencionada dentro de la hipótesis fiscal. En los últimos días, la fiscalía formalizó la imputación de Silvina Murúa, su hermano Adrián Murúa, Guillermo Julián Quiroga y de los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié. De acuerdo a la información judicial, aún resta la formalización de cargos contra Vanesa Murúa y Esteban Godoy, también señalados dentro de la investigación. Intervención directa En relación a Guillermo Julián Quiroga, la acusación remarca que, pese a no contar con un cargo formal dentro de la estructura estatal, habría tenido intervención directa en la operatoria, incluso con acceso a la oficina de la Coordinación de Comedores y participación en movimientos de dinero y retiro de mercadería. Según la hipótesis investigativa, el conjunto de estas maniobras habría permitido el apoderamiento ilegítimo de fondos públicos destinados a la compra de alimentos para 37 comedores escolares de Concordia, generando un perjuicio económico estimado en 103.738.136 pesos. De manera provisoria, los hechos fueron encuadrados en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, todos en concurso real, mientras la investigación continúa con nuevas medidas procesales.

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