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Paraná » AnalisisDigital
Fecha: 09/05/2026 08:58
Los conflictos que no se solucionan se repiten y se agravan. El daño ambiental al río Uruguay no tiene precedentes en las últimas décadas y nada mejora. Cada quince o veinte años, una decisión tomada en la otra orilla del río Uruguay sacude a Entre Ríos. Llega anunciada como inversión histórica, como salto productivo, como progreso. Y, cada vez, el procedimiento se repite con la misma puntualidad: una autorización inconsulta, un proyecto de gran porte, un impacto ambiental incierto y, recién después, las cancillerías corriendo detrás del problema. Hace dos décadas fue ENCE. Siguió Botnia, después UPM2 sobre el río Negro. Ahora, la refinería de combustibles sintéticos de la chilena HIF Global en Paysandú, pegada a Colón. Cambian las banderas y las tecnologías. El patrón, no. La primera afrenta en serie comenzó en octubre de 2003. El gobierno de Jorge Batlle autorizó la instalación de la española ENCE en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, sin la consulta previa que exige el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Néstor Kirchner instruyó a Cancillería para que hiciera el seguimiento. Los vecinos de la costa argentina se autoconvocaron y, el 30 de abril de 2005, marcharon al Puente Internacional San Martín. Cuarenta mil personas, codo a codo con uruguayos del otro lado. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú nació entonces. Empujada por la presión, ENCE terminó retirándose de Fray Bentos en septiembre de 2006 y se relocalizó en Punta Pereira, sobre el Río de la Plata. En 2009 vendió su proyecto a un consorcio formado por la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco. La batalla más larga la dio la finlandesa Botnia. El 14 de febrero de 2005, Tabaré Vázquez autorizó la construcción de la planta Orion sobre el río Uruguay. La obra arrancó en abril, con una inversión de 1.100 millones de dólares la mayor inversión extranjera en la historia uruguaya hasta ese momento. La Asamblea de Gualeguaychú comenzó los bloqueos intermitentes; el 20 de noviembre de 2006 cerró el paso a Fray Bentos por tiempo indeterminado. El corte duró casi cuatro años. En medio de esa pulseada, el entonces gobernador Jorge Busti y su vicegobernador Pedro Guastavino impulsaron una denuncia penal por contaminación en grado de tentativa. La causa, acompañada por casi cuarenta mil firmas, recayó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. La fiscal María de los Milagros Esquivo dictaminó a favor de citar a indagatoria a los directivos europeos. El juez Guillermo Quadrini se resistió. La Cámara Federal de Paraná, en diciembre de 2007, lo obligó a hacerlo: alcanzó al gerente general Ronald Beare, a la gerente de Proyectos Kaisu Annala, al apoderado Carlos Faropa y al presidente Erkki Varis. Se dispusieron exhortos diplomáticos y se advirtió que, si no se presentaban, debía intervenir Interpol. Nunca llegaron ante la Justicia argentina. Mientras tanto, la Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2006. Botnia se inauguró igual, el 8 de noviembre de 2007. El conflicto escaló a todos los foros disponibles Tribunal Arbitral del Mercosur, Banco Mundial, mediación del rey Juan Carlos de España, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que ninguno destrabara nada. El 20 de abril de 2010 llegó el fallo de La Haya: Uruguay había violado el deber procesal de informar previamente, pero las pruebas argentinas sobre la contaminación no eran contundentes y la planta no se desmantelaba. Una victoria a medias. En lo formal, sí; en los hechos, ninguna. Días después, Cristina Fernández y José Mujica firmaron en Olivos, el 28 de julio de 2010, un acuerdo presidencial. Crearon un Comité Científico Binacional bajo la órbita de la CARU para hacer el monitoreo conjunto de UPM y de los efluentes urbanos e industriales que vierten al río. Esa promesa de control compartido que sirvió, además, para que los asambleístas votaran levantar el corte en junio terminó siendo una vergüenza. El relato es elocuente. La primera visita del Comité Científico a la planta, en octubre de 2010, descubrió que UPM estaba diluyendo sus efluentes con agua del propio río Uruguay antes de verterlos. La maniobra estaba terminantemente prohibida por la normativa uruguaya, por el artículo 11 del Decreto N° 253/79, y no figuraba en la autorización ambiental que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le había otorgado a la empresa. UPM, ante el reclamo argentino, dejó de diluir. Pero el 29 de abril de 2011, dos días antes de la segunda visita programada del Comité, el gobierno uruguayo modificó por resolución su propia normativa: le permitió a la planta volcar efluentes a 37°C en lugar de 30°C. El Digesto del río Uruguay establece que los efluentes no pueden superar las condiciones naturales del río, que rondan los 9°C en invierno y 20°C en verano. Lo que era ilegal pasó a estar permitido. Por decreto y para una sola empresa. El 18 de noviembre de 2011 se produjo un accidente en UPM por funcionamiento defectuoso de la caldera de recuperación. Las emisiones de dióxido de azufre alcanzaron valores 25 veces superiores a lo normal y el efluente al río llegó a los 35°C. Diez días más tarde, en una visita conjunta, el Comité Científico y personal de la Dinama uruguaya constataron que UPM estaba volcando clandestinamente 170 litros por segundo de efluentes sin tratamiento alguno al río Uruguay. Cuando se detectó, la empresa interrumpió la práctica. La sanción fue inexistente. A las trabas se sumaron las dilaciones: instalar un caudalímetro llevó ocho meses de discusiones, y un sistema de boyas centinelas con almejas elegidas por su sensibilidad a la contaminación estuvo 17 meses en el limbo, acordado, pero no instalado. La planta, encima, había superado desde 2009 el millón de toneladas anuales autorizadas, sin pasar por la CARU. El informe binacional definitivo 400 páginas, 50 campañas de medición se conoció recién a fines de 2016, cuando Susana Malcorra era canciller. Confirmó lo que la Asamblea Ciudadana Ambiental venía denunciando: en la zona de influencia de la planta Orion, y en la desembocadura del río Gualeguaychú, los análisis encontraron valores por encima de los límites permitidos para aluminio, amonio, atrazina, berilio, cadmio, fenoles totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos del petróleo, hierro, manganeso y níquel. Pero el documento se redactó de modo que repartía culpas: contaminaba UPM, sí; también, y mucho, los efluentes cloacales que Gualeguaychú vierte sin tratamiento. Uruguay recién reconoció en 2018 un caso concreto de contaminación de UPM y la multó con quinientas unidades reajustables, equivalentes a poco más de quinientos mil pesos uruguayos. Una cifra simbólica. El monitoreo nunca volvió a ser regular. Un informe difundido por la CARU a comienzos de 2026, correspondiente al período 2011-2021 con casi cinco años de demora, registró siete parámetros incumplidos en doce oportunidades en los efluentes de UPM, y diez ocasiones en que las cargas diarias superaron los límites mensuales permitidos. Investigaciones independientes del grupo Latitud aportaron otro dato perturbador: los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos de lo habitual, y los machos capturados aguas abajo presentan atrofia testicular. Después de la inauguración de UPM2 en Paso de los Toros 6 de junio de 2023, hoy la planta de pasta de celulosa más grande del mundo, con dos millones de toneladas anuales de capacidad, la empresa acumuló siete multas en Uruguay. El juez federal Hernán Viri, a cargo de la causa penal por contaminación, denunció recientemente que la CARU no le envía información de monitoreo desde 2019. La delegación argentina ante la Comisión funciona hoy con representantes sin sueldo, sin formación ambiental específica y con denuncias de irregularidades financieras que motivaron incluso un rechazo formal de la propia delegación uruguaya. Sobre ese terreno minado llega el tercer capítulo. La empresa chilena HIF Global proyecta en Paysandú una refinería de combustibles sintéticos hidrógeno verde, e-metanol y e-gasolina con una inversión cercana a los 5.300 millones de dólares, la mayor en la historia uruguaya. Producirá 876.000 toneladas de e-metanol y 313.000 toneladas de e-gasolina por año. La planta se proyecta a unos quince kilómetros del centro urbano de Paysandú y, lo que más preocupa de este lado, a tres o cuatro kilómetros en línea recta del centro y la costanera de Colón. Argentina pide que se la corra, como mínimo, a treinta. La empresa ya fue multada en Uruguay por talar monte nativo sobre la costa del río sin autorización ambiental previa, mientras el proyecto seguía en evaluación. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, presentó en febrero de 2026 una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto. Sostuvo que el caso presenta bases similares al conflicto de las pasteras y que el gobierno uruguayo según consta en una respuesta de su propia Cancillería no activó el mecanismo de consulta previa que prevé el Estatuto del Río Uruguay. La CARU, esta vez, se amparó en su inmunidad diplomática y se negó a entregar información a la Justicia argentina. A la denuncia penal se sumó, en marzo, una acción civil preventiva de los diputados de Fuerza Patria Guillermo Michel y Marianela Marclay junto al senador Adán Bahl. Tramita bajo el expediente 3276/2026 ante el juez federal Hernán Viri. El 10 de abril, Viri admitió prueba anticipada: pidió informes a organismos uruguayos, requirió a la CARU evaluar el cumplimiento de los acuerdos binacionales y dispuso un peritaje ambiental a cargo de un biólogo y una inspección judicial sobre el sitio proyectado. La empresa, en paralelo, presentó el 13 de marzo un día después de la demanda la solicitud de autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente uruguayo. La carrera está abierta. El gobernador Rogelio Frigerio sintetizó el cuadro con una frase reveladora: "no podemos permitir otra Botnia". Anunció que, si fuera necesario, llevará el caso a La Haya y a la Corte de Derechos Humanos. Pidió al gobierno uruguayo Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin que la planta se relocalice. El intendente de Colón, José Luis Walser, planteó lo mismo. Del otro lado, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, pidió ser cuidadoso en el tono y abrió una posibilidad concreta: relocalizar el proyecto a un predio de 48 hectáreas de Ancap en Nuevo Paysandú. Lubetkin retrucó que también Uruguay tiene memoria de los puentes. Frigerio incorporó, esta vez, una autocrítica que conviene subrayar: reconoció que mientras Entre Ríos no trate sus propios efluentes cloacales e industriales, autoridad moral, poca. La asimetría histórica del conflicto vuelve a aparecer en cada gesto. Uruguay decide; Argentina reacciona. Uruguay autoriza; Argentina denuncia. Uruguay habilita; Argentina demanda. Veinte años después de la primera marcha al puente San Martín, el cuerpo legal sigue siendo el mismo Estatuto, La Haya como referencia, una CARU sin dientes y el cuerpo político-ambiental, el que pone de pie a Gualeguaychú, Colón o Concepción del Uruguay cuando ya es tarde, también es el mismo. Cambia el rubro: pasta de celulosa, hidrógeno, lo que venga. No cambia la fórmula: una decisión inconsulta sobre un río compartido y la postergada idea, en Argentina, de que el control del río Uruguay no es un asunto del que se deba ocupar el Estado todos los días. Si la afrenta uruguaya vuelve cada quince años y siempre encuentra a la provincia en estado de improvisación, la pregunta no es solo qué van a hacer Uruguay o HIF. La pregunta, otra vez, es qué piensa hacer Entre Ríos con su propio río cuando no haya una planta enfrente para recordarnos que existe.
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