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Paraná » La Bitacora radio
Fecha: 07/05/2026 23:00
El jefe de Gabinete habría intentado contactar a Matías Tabar previo a su declaración testimonial, lo que motivó un pedido de aplicación de la «doctrina Irurzun» por parte de la diputada Marcela Pagano. 7 de mayo de 2026 Nuevas pruebas complican la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Recientemente se difundieron mensajes de texto que el funcionario habría enviado a Matías Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en su vivienda, días antes de que este prestara declaración ante la Justicia. En los diálogos revelados, Adorni habría insistido en ofrecer el asesoramiento de abogados de su propio equipo técnico. Ante estos ofrecimientos, Tabar respondió que seguiría el consejo de sus asesores legales de interrumpir toda comunicación directa, afirmando que se limitaría a «contar toda la verdad» ante las autoridades. Detalles de la declaración y el origen de la causa Durante su testimonio, el contratista Matías Tabar ratificó haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por obras realizadas en la propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Cuá. Esta declaración es una pieza central en la causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados para dichas mejoras. Pedido de detención y la «doctrina Irurzun» A raíz de estos intentos de contacto, la diputada nacional Marcela Pagano solicitó ante los tribunales de Comodoro Py la detención preventiva de Adorni. La legisladora basó su pedido en la denominada «doctrina Irurzun», la cual sostiene que los funcionarios públicos en ejercicio poseen un «poder residual» que podría ser utilizado para obstaculizar el avance de las investigaciones judiciales. Resoluciones judiciales vigentes Pese al pedido de la diputada, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó la solicitud de detención al considerar que, por el momento, no se evidencia un riesgo real o grave de obstrucción por parte del jefe de Gabinete. No obstante, este no es el único incidente de presunta presión registrado en el expediente; anteriormente, el juez Ariel Lijo dictó una restricción de acercamiento contra un allegado del funcionario por llamadas insistentes a otro testigo de la causa. Fuente: LPO (La Política Online)
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