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Buenos Aires » TN
Fecha: 07/05/2026 17:03
El Gobierno evitó leer como un revés político la decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum que había presentado para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la pelea judicial por la reforma laboral. En el Ejecutivo sostienen que el fallo fue tomado como un buen gesto porque llegó rápido y porque el pedido había sido formulado cuando más de 80 artículos de la ley estaban suspendidos. Con la norma nuevamente vigente, en Nación aseguran que el escenario cambió. Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por un tema de formas, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada argumentan que la presentación que la Procuración del Tesoro hizo el 16 de abril tenía lógica en un contexto en el que el juez laboral Raúl Ojeda había frenado parte central de la ley, pero que perdió urgencia después de que la Cámara del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y restableció la operatividad de la reforma. En Balcarce 50 quedaron conformes con que el expediente continúe en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo, una definición que consideran más consistente con la naturaleza del caso porque se discute la validez de una ley del Congreso y la actuación del Estado nacional. La Corte sostuvo que el recurso era inadmisible porque, a su juicio, no estaban dados los requisitos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, la vía excepcional que habilita el salto de instancia en supuestos de notoria gravedad institucional y necesidad de una solución definitiva urgente. En términos prácticos, el tribunal cerró la posibilidad de una intervención inmediata y devolvió el expediente a su recorrido ordinario. En el Gobierno afirman que esa definición rápida aporta seguridad jurídica en un expediente que venía acumulando cautelares, recusaciones y disputas de competencia. La reforma laboral fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo como Ley 27.802. Además, en los últimos días Nación avanzó con una parte de la reglamentación de la reforma junto con una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene en paralelo abierto el frente judicial y rechaza la postura del oficialismo sobre el reordenamiento del expediente. En el sindicalismo sostienen que el conflicto sigue ligado a derechos laborales concretos y cuestionan que la discusión salga del fuero laboral, mientras que el Ejecutivo insiste en que el eje de la causa es federal y que la disputa de competencia ya quedó saldada. Leé también: En medio de la tensión por el caso Adorni, Karina Milei y Santilli se reunieron con gobernadores en San Juan En la Casa Rosada ponen la mira sobre la continuidad del trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Sala IV ya había resuelto el 28 de abril que la causa debía tramitar en ese fuero y, en una nueva resolución de mayo, intimó al juzgado laboral a remitir el expediente en 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, al considerar que el conflicto de competencia estaba definitivamente resuelto en los términos del artículo 20 de la ley 26.854. En Balcarce 50 aseguran que la clave de seguimiento ya no pasa por el per saltum, sino por cómo se encauce el expediente una vez radicado de manera efectiva en el contencioso administrativo. Ahí es donde la Procuración del Tesoro que encabeza Sebastián Amerio buscará sostener la vigencia de la ley y donde se jugará el próximo capítulo de una disputa que, por ahora, dejó al oficialismo sin atajo hacia la Corte, pero con una señal que interpretan como favorable en términos procesales.
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