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Buenos Aires » TN
Fecha: 07/05/2026 16:23
La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó este jueves la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros, donde está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, la medida no implica el cierre del expediente ni un sobreseimiento. La Cámara entendió que todavía deben realizarse nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesarlo nuevamente o desvincularlo de la investigación. La decisión fue adoptada luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la confirmación del procesamiento que pesaba sobre el exmandatario. En el fallo, los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que debía revisarse la situación procesal de Fernández a partir de lo dispuesto por Casación. La resolución aclara además que la medida solo alcanza a Fernández y no modifica la situación del resto de los empresarios y exfuncionarios procesados en el expediente. El expediente volverá así al juzgado federal que actualmente subroga Ariel Lijo, que deberá avanzar con nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa del expresidente. Leé también: En medio de la tensión por el caso Adorni, Karina Milei y Santilli se reunieron con gobernadores en San Juan Entre ellas, se encuentran testimoniales y otras diligencias destinadas a determinar cómo distintos organismos estatales contrataron pólizas mediante la intermediación del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y uno de los principales apuntados en la investigación. Farah, por su parte, votó en disidencia parcial. Si bien acompañó la falta de mérito del expresidente, consideró que el mismo criterio debía aplicarse también a Martínez Sosa. Según explicó el magistrado, si no puede sostenerse que las acciones de Fernández facilitaron el crecimiento de los negocios del broker con el Estado, entonces también debe revisarse la responsabilidad atribuida a otros involucrados en la causa, entre ellos funcionarios de Nación Seguros. Ahora será Lijo quien deba impulsar las medidas pendientes y volver a resolver la situación procesal de Fernández, mientras la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo mantiene su postura de sostener el procesamiento del expresidente. El origen de la causa Seguros La investigación se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández, que obligó a organismos y ministerios nacionales a contratar sus pólizas a través de Nación Seguros. Según la acusación judicial, ese esquema abrió la puerta a un sistema de intermediación en el que participaron brokers privados que cobraron millonarias comisiones. De acuerdo con el expediente, se celebraron 45 contratos con intervención de 25 intermediarios. La Justicia puso el foco especialmente sobre Héctor Martínez Sosa, quien concentró casi el 60% de las comisiones liquidadas en operaciones vinculadas al Estado. Martínez Sosa es amigo del exmandatario y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. Para los investigadores, ese vínculo fue uno de los elementos centrales para sostener las sospechas de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Los camaristas también señalaron que existió un relevante incremento en los negocios del broker respecto de períodos anteriores. Según el expediente, entre organizadores y productores se habrían liquidado alrededor de 2.250 millones de pesos. La acusación original, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, sostenía que los imputados actuaron de manera coordinada entre 2019 y 2023 para direccionar contratos de seguros estatales mediante intermediarios privados. En ese marco, la Justicia también analizó mensajes extraídos del celular de Cantero, donde se mencionaban gestiones y contactos para facilitar reuniones y contrataciones. En uno de esos intercambios incorporados al expediente, Cantero le escribió a Martínez Sosa: Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida.
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