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  • Expulsaron a una empleada del hospital Perrando por 95 inasistencias injustificadas

    » Diariochaco

    Fecha: 07/05/2026 11:21

    El Gobierno dispuso la cesantía de una trabajadora del hospital Julio C. Perrando por inasistencias injustificadas y abandono de servicio. La medida quedó establecida en el Decreto 886/2026, luego de un sumario administrativo iniciado en 2024. La agente, identificada como María del Carmen Romero, se desempeñaba como personal administrativo del Ministerio de Salud en el hospital Perrando. Según el expediente, acumuló 95 días de ausencias injustificadas entre marzo y octubre de 2024. En ese marco, la investigación se inició luego de que autoridades del centro de salud informaran inasistencias sin aviso ni justificación durante marzo de 2024. De acuerdo con la resolución, Romero faltó los días 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 de ese mes. El sumario también incorporó nuevas ausencias registradas entre mayo y octubre del mismo año. Asimismo, en los informes incorporados al expediente, el área de Recursos Humanos señaló que no existían pedidos de licencias ni permisos que justificaran las faltas. Romero fue citada a declarar durante el proceso administrativo y sostuvo que sus ausencias estaban vinculadas a un tratamiento psiquiátrico iniciado en 2022. "No me siento bien para ir a trabajar, los medicamentos me dopan demasiado", expresó. Sin embargo, el decreto indicó que la Dirección de Salud Ocupacional determinó que las faltas investigadas "no fueron justificadas por licencia alguna", por lo que se consideró configurado el abandono de servicio el 16 de marzo de 2024, al cumplirse la sexta falta consecutiva sin aviso ni justificación. Ante esa situación, el decreto sostiene que la conducta de la empleada implicó una transgresión al Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y al Régimen Disciplinario vigente. Además de la cesantía, el decreto ordenó avanzar en el recupero de haberes percibidos durante los períodos no trabajados y dio intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado para determinar eventuales acciones legales.

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