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» Puraciudad
Fecha: 07/05/2026 09:41
El tribunal consideró que las apps de viajes prestan un servicio de transporte y no pueden operar sin controles, por lo que deberán cumplir requisitos similares a taxis y remises hasta que haya una ley específica. La Justicia porteña dio un paso decisivo en la disputa entre el sector de taxis y las plataformas digitales de transporte al ordenar que se establezcan reglas claras para la actividad y se igualen las obligaciones entre ambos sistemas. La resolución apunta a que los conductores que operan a través de aplicaciones como Uber, DiDi o Cabify deban cumplir requisitos similares a los del servicio tradicional. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno porteño y actores vinculados a las plataformas, consigna Iprofesional. En su fallo, los jueces consideraron que existió una omisión ilegítima por parte del Ejecutivo local al no ejercer controles adecuados sobre este tipo de servicios. Además, rechazaron el argumento de que se trate de transporte privado ajeno a la regulación estatal, y definieron que, en los hechos, las aplicaciones prestan un servicio de traslado de pasajeros con fines económicos, por lo que deben encuadrarse dentro de las normas vigentes de tránsito y transporte. La sentencia también se apoyó en antecedentes internacionales, al señalar que este tipo de plataformas no pueden ser consideradas únicamente como herramientas tecnológicas, sino como parte de un sistema integral de transporte. A partir de esta interpretación, el tribunal estableció que, mientras no exista una ley específica, los conductores deberán contar con licencia profesional y seguros que cubran al vehículo, al chofer, a los pasajeros y la responsabilidad civil, en línea con las exigencias que ya rigen para taxis y remises. El fallo cuestiona además la desigualdad regulatoria entre ambos sectores, al considerar que los taxistas afrontan cargas económicas y administrativas que no se aplican a quienes trabajan con aplicaciones, pese a brindar un servicio similar. También apunta contra la conducta del Gobierno porteño, al que acusa de mantener una postura contradictoria: por un lado calificar de clandestinas a estas plataformas y, por otro, permitir su difusión y funcionamiento sin controles efectivos. En ese contexto, la Cámara dispuso una serie de medidas para equilibrar la situación. Entre ellas, la suspensión del cobro de ciertos aranceles a los taxistas mientras persista la desigualdad, el inicio de acciones para que las plataformas tributen Ingresos Brutos en la Ciudad, y la obligación de fiscalizar su publicidad e informar a los usuarios sobre las condiciones en que se presta el servicio. El tribunal aclaró que no busca prohibir ni reemplazar al Poder Legislativo, sino garantizar derechos afectados por la falta de regulación. La equiparación de condiciones regirá hasta que la Legislatura porteña sancione un marco normativo específico para el funcionamiento de las plataformas de transporte.
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