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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 06/05/2026 22:49
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, al considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. La decisión se conoció este miércoles 6 de mayo pasadas las 22 horas, tras escuchar los alegatos de las partes. En esa instancia, la fiscal general adjunta Betina Croppi había solicitado la remoción de los tres funcionarios y sostuvo que las irregularidades en la causa están probadas. PUBLICIDAD Durante su exposición, la acusación fue contundente: aseguró que el principal sospechoso estaba frente a sus ojos y no hicieron nada, en referencia al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen. Para Croppi, la investigación estuvo marcada desde el inicio por decisiones que desviaron el foco. Señaló que se construyeron hipótesis sin sustento y que, en cambio, se ignoraron elementos que podían haber orientado la pesquisa hacia el autor material. PUBLICIDAD Uno de los puntos centrales del jury fue el tratamiento del ADN masculino detectado en la escena a partir de un informe del FBI. Según la acusación, esa evidencia no fue debidamente aprovechada durante años, pese a que podía conducir a un sospechoso concreto. La fiscal también cuestionó el rumbo inicial de la causa, que según sostuvo se centró en aspectos vinculados a la vida privada de la víctima. En ese sentido, afirmó que desde la fiscalía se impulsó la hipótesis de un amante asesino y se difundieron versiones que terminaron afectando la imagen de Nora Dalmasso. PUBLICIDAD En relación con los tres fiscales, la acusación trazó responsabilidades diferenciadas. Sobre Di Santo, quien llevó adelante la investigación durante los primeros años, se cuestionó no haber profundizado las sospechas sobre Bárzola, pese a que había indicios tempranos sobre su presencia en la escena. En el caso de Miralles, se criticó la insistencia en investigar al entorno familiar, en particular al viudo Marcelo Macarrón, una línea que finalmente no pudo sostenerse con pruebas firmes. PUBLICIDAD Respecto de Pizarro, la acusación sostuvo que elevó la causa a juicio con una hipótesis la de un crimen por encargo que no contaba con respaldo probatorio suficiente y que no logró ser sostenida durante el debate oral. Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no existió negligencia ni mal desempeño. Argumentaron que las decisiones adoptadas se basaron en la valoración de la prueba disponible en cada momento y en la complejidad de un caso atravesado por múltiples hipótesis y limitaciones probatorias. PUBLICIDAD También señalaron que el jury no es la instancia para determinar quién fue el autor del crimen y advirtieron sobre el riesgo de analizar la actuación de los fiscales con el diario del lunes, a partir de información que surgió años después. El proceso de enjuiciamiento, que se desarrolló en la Legislatura de Córdoba desde el 21 de abril, analizó durante semanas el desempeño de los tres funcionarios a lo largo de casi dos décadas de investigación. Declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y miembros de la familia de la víctima. PUBLICIDAD El tribunal encargado de dictar el veredicto estuvo integrado por la presidenta del jury y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa, Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti. La resolución del tribunal no abordó la autoría del homicidio una causa que además se encuentra prescripta, sino que se limitó a evaluar la conducta de los fiscales durante la instrucción. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD
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