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» Tiempo Argentino
Fecha: 06/05/2026 20:08
Más de diez organizaciones de abogados y abogadas laboralistas de todo el país se pronunciaron en forma contundente para rechazar la continuidad en el cargo del juez Víctor Pesino. El magistrado forma parte, junto con María Dora González, del tribunal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio lugar al recurso del poder ejecutivo que puso fin al carácter suspensivo de la medida cautelar concedida a la CGT por el juzgado n°63 de primera instancia en lo laboral de Raúl Ojeda. Ese recurso había dejado en suspenso 82 artículos de la ley de modernización laboral que la decisión de la Sala VIII reactivó. Para fundamentar esa decisión el juez Pesino avasalló la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la legislación internacional y los fundamentos mismos del derecho laboral. Es que el letrado dejó sin efecto el recurso de la CGT en nombre del artículo 2 de la ley 26.854 de medidas cautelares que les concede efecto suspensivo en caso de encontrarse afectados derechos de personas vulnerables y amenazados derechos de naturaleza alimentaria. El derecho laboral, sin embargo, considera el vínculo laboral como asimétrico y concede a los trabajadores preferente tutela precisamente por considerarlos el eslabón débil de la relación. Los otros fueros los diferendos se presuponen entre iguales y le exigen a los magistrados neutralidad absoluta. Numerosos fallos del Tribunal Supremo ratificaron ese principio internacional del derecho laboral que se sostiene hace ya más de un siglo y que obliga a los jueces a colocarse, a priori, en defensa del sector presuntamente agredido. Al día siguiente de ese polémico fallo favorable al gobierno, el Poder Ejecutivo dio cauce por Boletín Oficial al pedido de renovación excepcional del cargo de Víctor Pesino que habiendo cumplido los 75 años de edad alcanzó el límite estipulado ordinariamente para el ejercicio de la magistratura. La reacción inédita de los abogados laboralistas de todo el país no demoró en llegar. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, el Circulo de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación Latinoamericana, el Foro de Abogados de Asociaciones sindicales y las asociaciones de Rosario, Mar del Plata, Córdoba, La Plata, Tucumán y, entre otras organizaciones, la de San Nicolás, presentaron un escrito dirigido a los senadores de la Nación para que rechacen ese pliego. Allí los representantes de los letrados que defienden la parte obrera sostienen que se trata de un juez que no garantiza a los y las justiciables objetividad e independencia y cuya total falta de ética y decoro conoció estado público las últimas semanas. Sobre el diferendo por la ley de modernización aseguran que el letrado debió excusarse de tomar el caso en tanto su nuevo nombramiento estaba en manos del Poder Ejecutivo. Para los firmantes la actitud del magistrado resulta en un hecho de gravedad que afecta la institucionalidad del Estado y en particular la garantía de imparcialidad y ética que debe conducir al Poder Judicial. La nota, más allá de que sus destinatarios formales son los integrantes de la Cámara Alta, según confiaron a Tiempo fuentes de las organizaciones involucradas, también fue presentada al ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques.
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