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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 06/05/2026 17:53
Imagen de archivo del titular del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti. La realidad carcelaria en la provincia de Entre Ríos continúa atravesada por tensiones estructurales que combinan sobrepoblación, limitaciones edilicias y la necesidad de adaptar los dispositivos de control a nuevas modalidades delictivas. Así lo expuso el titular del Servicio Penitenciario provincial, Alejandro Miotti, en una entrevista concedida al programa radial A quien corresponda (Radio Plaza 94.7), donde repasó el estado actual del sistema, las obras en curso, el uso de tobilleras electrónicas y la situación de los internos de alto perfil. Uno de los ejes centrales del diagnóstico es la infraestructura. Según explicó Miotti, la provincia se encuentra a la espera de la finalización de obras en la Unidad Penal N° 8, una ampliación que, de concretarse en los plazos previstos -estimados para julio-, permitirá sumar alrededor de 150 nuevas plazas de alojamiento. Sería un gran aliciente para la institución, sostuvo, al tiempo que reconoció que el sistema penitenciario viene trabajando en un esquema de adaptación permanente, condicionado por los recursos disponibles. La sobrepoblación es, en ese sentido, un dato incontrastable. Actualmente, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos aloja a 3.077 internos distribuidos en las distintas unidades penales de la provincia. La mayor concentración se registra en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, seguida por la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. A este universo se suman 182 personas bajo monitoreo electrónico -las denominadas tobilleras-, cifra que podría incrementarse en el corto plazo con la incorporación de 40 nuevos dispositivos y la gestión en curso de otros 200. El uso de tobilleras electrónicas, precisamente, ha generado inquietudes en la comunidad, particularmente a partir de denuncias informales sobre personas que, pese a estar bajo esta modalidad de control, son vistas en la vía pública fuera de los parámetros permitidos. Frente a ello, Miotti fue enfático: el sistema funciona correctamente y permite detectar de manera inmediata cualquier irregularidad. Como ejemplo, mencionó un intento de fuga ocurrido recientemente en Concordia. El sistema automáticamente nos avisa. Nos ponemos en contacto con la Policía, que son los primeros en llegar por una cuestión de cercanía. Se detecta enseguida, reiteró. En esa línea, descartó que un interno con tobillera pueda desplazarse fuera del radio autorizado sin ser advertido. No hay forma de que no sea detectado, aseguró. Otro de los problemas históricos que enfrenta el sistema penitenciario provincial es la presencia de internos que dependen de la Justicia Federal. Se trata de detenidos que, en muchos casos, no tienen jurisdicción en Entre Ríos, pero que permanecen alojados en unidades provinciales ante la falta de cupos en el sistema federal. Miotti reconoció que se trata de una situación de larga data, aunque destacó que se han intensificado las gestiones para revertirla. En ese marco, señaló que existe un trabajo articulado con el Servicio Penitenciario Federal, que ha permitido concretar algunos traslados. Entre ellos, mencionó el caso de un interno conocido como el Señor de los Cielos, quien fue derivado desde la Unidad Penal N° 3 hacia la provincia del Chaco. Asimismo, indicó que se continúa avanzando en la definición de criterios para categorizar a los internos de alto perfil, una clasificación que aún no cuenta con una denominación formal en el ámbito provincial. Actualmente, el número de internos federales sin jurisdicción en Entre Ríos ronda los 35. El objetivo, según explicó Miotti, es reducir esa cifra mediante traslados a sus provincias de origen o al sistema federal, en función de la disponibilidad de cupos. Seguimos trabajando, afirmó, al tiempo que destacó la buena relación institucional con el sistema Federal, tanto penitenciario como judicial. Celulares en las celdas La problemática del ingreso de teléfonos celulares a las cárceles también fue abordada durante la entrevista en el programa radial A quien corresponda (Radio Plaza 94.7), en particular a partir de un caso que tomó estado público en los últimos días. Se trata de Pablo Rodríguez Laurta, un ciudadano uruguayo acusado de un doble femicidio en Córdoba y del homicidio de un chofer en Entre Ríos, quien habría amenazado a familiares de las víctimas mediante comunicaciones realizadas desde su lugar de detención. Al respecto, Miotti aclaró que Laurta se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en un pabellón recientemente construido con recursos propios del Servicio Penitenciario. Se trata de un sector de máxima seguridad, con cinco celdas dobles, vigilancia permanente mediante cámaras y restricciones estrictas en cuanto a pertenencias personales. Es imposible que tenga un celular en ese sector, afirmó el funcionario, quien explicó que los internos allí alojados no tienen acceso a teléfonos y que, en caso de requerir comunicación, son trasladados a la División Tratamiento para realizar llamadas bajo una estricta vigilancia, y se comunican generalmente con sus abogados defensores. No obstante, no descartó que el ingreso de un dispositivo pudiera haber ocurrido durante la permanencia previa del interno cuando estaba alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, aunque aclaró que no existen denuncias formales al respecto. No hemos recibido nada, indicó, y consideró que la información difundida corresponde a una interpretación errónea de la situación actual del detenido. En cuanto al régimen de visitas, precisó que Laurta no recibe visitas en la actualidad. Durante su estadía en Gualeguaychú, solo fue visitado por su madre, pero esa situación no se ha repetido desde su traslado a Paraná. Infraestructura La entrevista en el programa radial A quien corresponda (Radio Plaza 94.7), también abordó el estado de un sector particular de la Unidad Penal N° 1, que cobró notoriedad pública tras haber alojado durante 50 días al exgobernador Sergio Urribarri, junto a otros exfuncionarios como Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Según explicó Miotti, ese espacio fue habilitado de manera excepcional y no forma parte de los sectores habitables del penal. Quedó como estaba después de lo que pasó con Urribarri. No es habitable para ese tipo de internos, señaló, y detalló que se trata de un área separada del resto de los pabellones, con condiciones que no cumplen con los estándares requeridos para alojamiento regular. Finalmente, ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifique las condenas de los exfuncionarios mencionados, Miotti fue consultado sobre la capacidad operativa del sistema para alojarlos nuevamente, eventualmente en unidades cercanas a sus lugares de residencia. En ese sentido, Miotti fue categórico: las únicas unidades que cuentan con dispositivos adecuados para este tipo de internos son la Unidad Penal N° 1 de Paraná y la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Otras dependencias, como la de Concordia o Federal, no reúnen las condiciones necesarias. Respecto a esta última, explicó que, si bien existe una celda con características particulares, su uso no sería adecuado para internos de ese perfil, ya que está destinada a detenidos con alta conflictividad. No sería un lugar adecuado para alojamiento, concluyó. El panorama que surge de las declaraciones de Miotti refleja un sistema penitenciario en constante tensión entre la demanda creciente y los recursos limitados. Las obras en curso, la incorporación de tecnología y las gestiones interinstitucionales aparecen como herramientas clave para sostener el funcionamiento del sistema, aunque los desafíos estructurales -como la sobrepoblación y la coexistencia con internos federales- continúan marcando la agenda.
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