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Fecha: 05/05/2026 21:12
Julián Domínguez volvió a ubicarse en el centro del debate agroindustrial con un duro pronunciamiento contra la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el aporte que financiaba la promoción del vino argentino, una medida que impacta directamente sobre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y sobre la estructura de planificación estratégica del sector. El ex ministro de Agricultura y actual responsable de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista nacional interpretó la resolución como una definición de fondo y no como un mero ajuste administrativo. Leé también: El Gobierno dio por finalizado el plan vitivinícola 2020 y pidió un balance integral Para Domínguez, el recorte representa una nueva expresión de una lógica económica que, según sostuvo, prioriza el achique del Estado por sobre la defensa de las cadenas productivas nacionales. Con una mirada fuertemente política, el dirigente peronista advirtió que la medida reedita procesos ya conocidos en la historia argentina: ajuste, desmantelamiento institucional y debilitamiento de sectores estratégicos. Críticas al modelo libertario En ese marco, señaló que la vitivinicultura no solo constituye una actividad económica, sino también una construcción colectiva donde confluyen pequeños y medianos productores, cooperativas, gobiernos provinciales, organismos técnicos y cámaras empresarias. Domínguez puso especial énfasis en el valor de la institucionalidad creada en torno a la actividad, al recordar que tanto el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) como la propia COVIAR fueron resultado de consensos amplios entre actores públicos y privados. Leé también: El gobierno de Kicillof le pide a Milei que le traspase las tierras del INTA para evitar que se vendan Según expresó, ese entramado permitió durante años consolidar objetivos comunes, potenciar exportaciones, fortalecer el mercado interno y proyectar una política de desarrollo para una de las economías regionales más representativas del país. Desde esa perspectiva, cuestionó con dureza que una estructura de planificación de largo plazo pueda ser desarticulada por una decisión centralizada. Para el ex funcionario, avanzar sobre esas herramientas implica desconocer el trabajo sostenido de provincias productoras, instituciones como el INTA y el INV, además del esfuerzo de miles de actores que sostienen la actividad desde el territorio. El planteo no quedó circunscripto únicamente al vino. Domínguez utilizó el caso para ampliar su crítica hacia el rumbo general de la política económica nacional. Aseguró que, mientras numerosos países fortalecen sus economías regionales como parte de sus estrategias de competitividad, en Argentina se aplica un ajuste que golpea sectores con fuerte capacidad de generación de empleo, arraigo territorial y agregado de valor. Leé también:Boom del girasol: la molienda de marzo fue la mayor de los últimos 17 años para ese mes En esa línea, sostuvo que la lógica de mercado sin Estado no ordena el desarrollo, sino que tiende a concentrar beneficios, excluir a los actores más débiles y dejar expuestos a pequeños productores frente a estructuras de mayor escala. Para el dirigente, la retirada estatal implica una pérdida de equilibrio en regiones donde muchas actividades dependen de políticas de promoción para sostenerse. Tras una reunión con equipos técnicos del PJ, Domínguez reforzó la idea de que detrás de estas decisiones existe un modelo económico más amplio, que no se limita a una sola actividad. Según advirtió, la ofensiva sobre la vitivinicultura podría anticipar impactos similares sobre otras producciones regionales, en un escenario donde distintas cadenas agroindustriales observan con atención el rediseño del vínculo entre Estado y producción. El ex ministro buscó además reposicionar al peronismo como espacio de defensa de las economías regionales, al insistir en conceptos históricos como trabajo, producción nacional y valor agregado en origen. En su visión, la discusión excede el financiamiento de una corporación específica: se trata de definir qué lugar ocupa la producción en el proyecto de país. Así, el conflicto por el vino se convirtió en una nueva arena de disputa política sobre el modelo económico argentino. Para Domínguez, no se trata de modernización ni libertad de mercado, sino de una señal de desprotección hacia sectores que, durante décadas, fueron considerados estratégicos para el desarrollo federal. En ese diagnóstico, el debate sobre la vitivinicultura pasa a ser también una discusión más profunda sobre el futuro de las economías regionales y el papel del Estado en el futuro de la Argentina.
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