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Parana » Plazaweb
Fecha: 05/05/2026 18:31
El juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Alejandro Barbirotto, se refirió a la creciente preocupación por las amenazas en establecimientos educativos de Entre Ríos, muchas de ellas vinculadas a desafíos virales, y remarcó la gravedad de estos hechos. En ese sentido, advirtió que no se trata de bromas sino de delitos que deben ser abordados de manera integral. Según detalló, en los últimos 15 días se registraron 222 intervenciones policiales en 212 escuelas de la provincia, en su mayoría protagonizadas por menores de 16 años. No son amenazas, sino que es el delito de intimidación pública, que tiene penas de 2 a 6 años de prisión, explicó en Puro Cuento por Radio Plaza. En ese marco, indicó que se avanza en la conformación de una mesa interinstitucional para abordar la problemática, con participación del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa, áreas del Ejecutivo como Educación y Salud, y organismos vinculados a la niñez. El objetivo es dar una respuesta coordinada y no limitarse a la intervención penal. Se debe intervenir y hay que hacerlo de la mejor forma posible, de manera integral, sostuvo. Además, consideró que estas situaciones son la punta del iceberg, ya que detrás existen problemáticas más profundas como el bullying, el ciberacoso y la violencia digital. Respecto a la responsabilidad, explicó que los adolescentes pueden ser investigados en el marco del proceso penal, mientras que los padres podrían enfrentar reclamos civiles por los daños ocasionados. También señaló que el Estado evalúa la posibilidad de recuperar los costos de los operativos mediante sanciones económicas a los responsables legales. No obstante, Barbirotto hizo hincapié: Para mí la solución en estos casos siempre es la justicia restaurativa, no la pena, afirmó, y explicó que este enfoque busca que el adolescente comprenda lo ocurrido, asuma su responsabilidad y repare el daño desde un proceso acompañado por equipos interdisciplinarios. Finalmente, el juez subrayó la importancia de la prevención y la capacitación, tanto dentro del sistema judicial como en la sociedad en general. Esto es una situación que tiene que involucrarnos a todos, concluyó.
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